Un macrojuicio que podría evitarse si prosperan las negociaciones en marcha. Mientras la última gran redada desarrollada en el mercado vigués de A Pedra en octubre del pasado año continúa en plena instrucción, otros tres operativos policiales antiguos que se han unido en una sola causa con 40 vendedores acusados se encuentran ya a las puertas de una sala de vistas. Pero el que se prevé como un multitudinario y largo juicio, por el elevado número de imputados así como de abogados personados, no llegaría a celebrarse si sale adelante la conformidad planteada por la Fiscalía, en la que, según las fuentes consultadas, se habrían rebajado hasta el mínimo las peticiones de condena por los delitos contra la propiedad industrial y faltas contra el patrimonio que se atribuyen a los comerciantes. Con la dificultad que suponen los pactos en un proceso como éste, con decenas de partes personadas, la sensación entre algunos letrados es que "se podría llegar a un acuerdo". Eso siempre que se salvase un importante escollo, de carácter económico. La condición que ponen al menos algunas defensas de los vendedores es que las marcas -hay casi 60 que constan como perjudicadas- renuncien o al menos reduzcan las cuantías que piden en concepto de indemnizaciones.
Las diligencias judiciales de este caso de venta de ropa falsa de primeras marcas en el mercado vigués, el primero que llega a juicio de los que se instruyen en los tribunales vigueses, se abrieron en 2006 en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. Tras una larga y compleja investigación, la causa era elevada hace unos meses al Juzgado de lo Penal número 2 para juicio. El proceso engloba dos de los grandes operativos policiales realizados en A Pedra, el de febrero de 2006 y el de junio de 2007, así como otro registro de septiembre de 2010.
Penas
Un total de 40 comerciantes, titulares de locales del mercado y de bazares del entorno, se enfrentaban inicialmente a penas que suman en global 45 años de cárcel y más de 670.000 euros en multas. La mayor petición que se contempla en el escrito de calificación provisional de la fiscal es la que se plantea para un matrimonio implicado en las tres redadas: 6 años de cárcel y multas de 64.800 euros para cada uno por delitos contra la propiedad industrial. El resto de vendedores se enfrentan a menos pena, que oscila en gran parte de los casos entre uno y dos años de prisión, además de sanciones económicas. Finalmente, está el caso de los imputados a los que la valoración de la mercancía incautada no alcanzó los 400 euros, a los que se imputa falta contra el patrimonio y a los que la solicitud en ese escrito de la Fiscalía se limita a 1.800 euros de multa.
En reuniones celebradas hace unos dos meses entra la fiscal y los abogados, la representante del Ministerio Público, concretan las fuentes, habría ofrecido rebajar estas peticiones iniciales de su escrito de calificación hasta las condenas mínimas que se contemplan en el Código Penal para estos ilícitos, tanto en lo que se refiere a cárcel como multa. En el caso de que todos los acusados acabasen aceptando este pacto relativo a la responsabilidad penal - "es un buen acuerdo", reconoce un letrado-, el problema estaría en la responsabilidad civil, es decir, en las indemnizaciones que solicitan las decenas de marcas perjudicadas por la venta de prendas falsificadas en A Pedra, entre las que figuran Calvin Klein, Nike, Burberry, Adidas, Custo, Carolina Herrera, Prada, Martina, Loewe... "Entre los acusados hay gente muy mayor, que ya cerró sus negocios, y que no tiene capacidad económica para pagar multas elevadas ni indemnizaciones", afirman las fuentes consultadas. Por ello, la pelota, al menos en parte, estaría en el tejado de los abogados de estas empresas, personados como acusación particular en el proceso, en el sentido de si acaban accediendo a los acuerdos y a rebajar sus pretensiones económicas.
