La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, ha vuelto a pronunciarse a favor de la retroactividad de la cláusula suelo en respuesta al recurso de NCG Banco contra una resolución de 2013 del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de la ciudad. Los ponentes son los mismos que rubricaron la primera sentencia firme en Galicia que obligó a una entidad a restituir el dinero abonado por el cliente bajo condiciones "abusivas" y que FARO dio a conocer en junio.

Aquel fallo pionero afectaba a la ejecución de título no judicial sobre un préstamo no hipotecario, pero los magistrados decretan ahora la retroactividad respecto a un crédito para una hipoteca de una primera vivienda. Sus titulares, representados por el bufete Arquero y Arce Abogados, son un matrimonio residente en Vigo, con dos niños pequeños, que no pudo hacer frente a los pagos tras quebrar la empresa del marido, relacionada con la construcción.

"Esta resolución es importante porque nos permite contar con más garantías. Incluso abre la posibilidad de que los casos desestimados por el Supremo en mayo de 2013 reclamen el carácter retroactivo. En este caso, también vamos a estudiar si pedimos una nueva liquidación pues quizá no había causa de vencimiento", señala el letrado Óscar Arce.

Buena fe "incompatible"

A igual que en su primera sentencia, los magistrados Juan Manuel Alfaya, Julio Picatoste y Eugenio Francisco Míguez rebaten los fallos que invocan la citada sentencia del Supremo y un informe del Banco de España y optan por la postura que ya han seguido las audiencias de Barcelona, Madrid o Asturias.

El fallo ratifica el carácter abusivo de las cláusulas suelo y de intereses moratorios y refuta argumentos argüidos por otros tribunales, entre ellos, la inseguridad jurídica, la buena fe del banco, "incompatible" con un contrato de estas características, o el riesgo grave para la entidad o la economía nacional, un peligro que "no resulta creíble".

"Es de agradecer a los jueces la interpretación positiva. Sin embargo, también se necesitarían medidas a nivel institucional porque las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas están dejando a gente en peligro de exclusión social", aboga Arce.