El Sergas ha propuesto a los trabajadores de los servicios no sanitarios que se privatizarán con la entrada en funcionamiento del nuevo hospital integrarse en su concesionaria, una empresa privada. A aquellos empleados que decidan no sumarse a la plantilla de la firma se les plantearía asumir nuevas funciones de su categoría. Entre personal fijo e interino se verían en esa situación más de 300 profesionales. Los sindicatos señalan el rechazo mayoritario al planteamiento del Sergas y lamentan la "incertidumbre" en la que se encuentran los afectados. Urgen por ello reunirse con la Gerencia del Chuvi y Recursos Humanos de Sanidade para esclarecer su futuro.

Con ese fin, la junta de personal del área sanitaria de Vigo ha convocado una manifestación para hoy, a las 11.00 horas, que saldrá del Hospital Xeral, se dirigirá a Plaza de España y regresará al centro de salud de la calle Pizarro. "Nos reunimos hace dos semanas con el gerente, pero no se nos dijo nada", apunta Ángel Cameselle, representante del personal, quien recela de que "hasta dentro de meses no haya noticias de este tema". Además de la manifestación fijada para hoy en la ciudad, hay convocadas también concentraciones en los centros sanitarios a las 11.00 horas, actos en Santiago y paros a partir del lunes 3 de noviembre.

"Desde la Junta de Personal se persigue el objetivo de abrir una Mesa de Negociación en la que participemos con la Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos de Santiago ante la inminente privatización de servicios, la incertidumbre laboral y posibles despidos de plantillas", apuntan los responsables sindicales. Entre el personal afectado habría tres grandes ámbitos: empleados de cocina, mantenimiento y lavandería.

Cameselle insiste así mismo en que el nuevo hospital de Beade está "recortado" y "privatizado". A principios de mes la junta de personal del Chuvi ya llamó a la ciudadanía a manifestarse contra el "ataque a la sanidad viguesa" y en defensa de "un hospital 100% público y sin recortes". A la manifestación acudieron cerca de 5.000 personas que protestaron, entre otras cuestiones, por la "incertidumbre" en la que se encuentran más de 300 empleados. Además del canon anual de 56,7 millones de euros que el Sergas deberá abonar a la UTE durante 20 años por la construcción del nuevo hospital, la alianza de empresas tendrá la concesión de servicios de carácter no sanitario, como la limpieza, el mantenimiento o la lavandería.