El Concello de Vigo impondrá en sus obras un cupo de personal con dificultades de inserción laboral

El Concello plantea incorporar en los concursos que al menos el 20% de los contratados pertenezcan a colectivos con problemas para acceder a un puesto, como jóvenes y parados de larga duración

30.06.2014 | 08:05
Obra de construcción de las escaleras mecánicas en Porta do Sol. // Ricardo Grobas

CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

  • Las contratas incluirán al menos un 20% de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social por estar desempleadas en circunstancias con especial dificultad para acceder a un puesto de trabajo.
  • El Concello considera como tales los perceptores de renta de inclusión social, los discapacitados con minusvalía igual o superior al 33%, los desempleados de larga duración inscritos al menos 12 meses como demandantes de empleo, los mayores de 50 años parados tres meses continuados, las mujeres de más de 30 años que accedan por primera vez a un puesto, jóvenes de entre 18 y 30 inscritos como parados un mínimo de seis meses, progenitores de familias monoparentales, y miembros de familias numerosas con más de tres personas a su cargo.
  • Las penalizaciones por incumplir serán del 1% del importe del contrato y, en caso de gravedad o reincidencia, puede llegar al 10%.
  • Las empresas deberán tomar, entre otras, medidas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes, usar energías renovables, eliminar o rebajar sustancias peligrosas y minimizar el consumo de recursos naturales.

Las empresas que opten desde ahora a las obras públicas que oferte el Concello deberán cumplir nuevas condiciones para favorecer la inserción laboral de personas con especiales dificultades a la hora de encontrar empleo. El departamento de Contratación ha establecido una directriz, aprobada en junta de gobierno, por la cual en los pliegos que regularán los sucesivos concursos se introducirán cláusulas sociales. La resolución plantea, entre otras medidas, imponer un cupo mínimo del 20% de trabajadores para ejecutar las obras que, por su edad y circunstancias, tengan más complicado entrar en el mercado laboral o estén en riesgo de exclusión social, como es el caso de los perceptores de la Risga, los mayores de 50 años, las mujeres con más de 30 sin experiencia previa, o los jóvenes de entre 18 y 30 inscritos durante un mínimo de seis meses como demandantes de trabajo.

El Concello contrata obras por un importe conjunto de unos 14 millones de euros al año. Hasta ahora sus planes de empleo ya priorizaban la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades para lograr un contrato pero ahora también las empresas que se presenten a los concursos municipales deberán favorecer la incorporación de estas personas. Además de los grupos citados también figuran en la relación que integraría el cupo los discapacitados con minusvalía reconocida igual o superior al 33%, los desempleados de larga duración, los progenitores de familias monoparentales y los miembros de familias numerosas con más de tres personas a su cargo. La distribución de la cuota puede realizarse también con las subcontratas de las adjudicatarias de las obras públicas.

Otro de los apartados especifica la obligación de las adjudicatarias de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución de la obra.

Las penalizaciones por los incumplimientos pueden ser elevadas y convertir el contrato en un mal negocio. La directriz establece controles por parte de los técnicos municipales y una sanción equivalente al 1% como mínimo y de hasta el 10% en función de la gravedad o la reincidencia, lo que significa que en un contrato de un millón de euros a la empresa se le deducirían hasta 100.000. Las empresas tendrán que comunicar los datos sobre los seleccionados y el Concello podrá verificarlos durante todo el tiempo de vigencia de la obra.

"Parece aconsejable utilizar el gran potencial de los contratos públicos para conseguir políticas de carácter social o medioambiental", señala la resolución sometida a aprobación en la junta de gobierno. Las medidas para reducir el impacto de las obras sobre el medio también serán obligatorias a partir de estos cambios. Los pliegos de condiciones de los concursos establecerán que las empresas que pujen tendrán que reducir en lo posible la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes, así como eliminar o minimizar el uso de los productos o sustancias peligrosas.

Formación del personal
Sus proyectos deben incluir además cuestiones básicas como la recogida selectiva de los residuos, en fracciones separadas, y la formación en materia ambiental del personal, además de la incorporación de materiales reciclados al producto final. Otro aspecto se refiere a la utilización de productos susceptibles de ser fabricados en países en vías de desarrollo, en cuyo caso el contratista deberá acreditar el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de producción.

Los próximos pliegos de condiciones de concursos establecerán estos requisitos especiales en materia social y medioambiental. Para este año el Concello ejecutará obras por valor de 11 millones con cargo al presupuesto municipal recientemente aprobado, más de la mitad para obras de humanización de calles, y también tiene en marcha un plan de inversiones por importe de 5,9 millones con cargo al superávit de 2012 con decenas de actuaciones.

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