Tras el informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respalda el nuevo mapa territorial propuesto por el ministro Gallardón, que priva a Vigo de tribunal de instancia propio, mañana será el día clave ya que el pleno del órgano de gobierno de los jueces, al que asistirán el presidente Carlos Lesmes y los veinte vocales, emitirá su dictamen definitivo, preceptivo aunque no vinculante. Y habrá debate. El documento ha recabado de cara a su discusión, además de 74 enmiendas parciales, otras dos a la totalidad: la primera está suscrita por seis de los vocales progresistas del Poder Judicial, que en un contundente escrito exigen que se inste al Gobierno a la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), mientras que la segunda la firman los dos vocales nacionalistas, que también muestran su oposición a esta reforma. Mientras, el vocal para Galicia, el conservador Juan Manuel Fernández, es autor de dos enmiendas parciales en las que sin embargo evita defender la singularidad de Vigo al versar sobre otros aspectos del anteproyecto ajenos al polémico modelo uniprovincial que quiere imponer el Ministerio de Justicia.
Aunque la mayoría conservadora al frente de la cual está Lesmes hace presagiar, según la opinión de varias fuentes judiciales consultadas, que el informe definitivo del CGPJ seguirá la senda del preliminar aprobado por la Comisión Permanente, las alegaciones formuladas por los vocales -el plazo concluyó ayer al mediodía- evidencian la división en el seno del Poder Judicial. "A la espera de conocer el resultado de la votación, lo que al menos quedará patente es que una amplia parte de los vocales no están de acuerdo con el texto", señalan las fuentes, poniendo el acento en la enmienda a la totalidad que representa el contundente informe de seis de los vocales progresistas -Roser Bach Fabregó, María Victoria Cinto Lapuente, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo Muelas, Pilar Sepúlveda García de la Torre y Concepción Sáez Rodríguez, todos designados a propuesta del PSOE a excepción de Sáez, que lo fue por IU- y en la alegación también a la totalidad del anteproyecto formulada por los vocales nacionalistas Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y Mercé Pigem, por CIU.
Además de estas alegaciones, hay otras 74 enmiendas parciales, que hacen referencia a aspectos ya específicos de un denso anteproyecto que, con sus 667 artículos, supone la mayor reforma que jamás haya sufrido la carrera judicial. Seis de ellas son las que de forma conjunta han formulado los otros dos vocales designados a propuesta del PSOE. Se trata de Álvaro Cuesta y María del Mar Cabrejas, miembros de la Comisión Permanente y que suscribieron estos votos particulares de forma diferenciada a las del resto del grupo de los progresistas -no trascendió el contenido de estas seis enmiendas ni si en ellas se refieren a los artículos sobre el nuevo modelo territorial de carácter uniprovincial-.
El resto de alegaciones parciales fueron suscritas por Ángeles Carmona (4), Concepción Sáez (6), Fernando Grande-Marlaska (3), Juan Martínez Moya (15), Mercè Pigem y Enrique Lucas (10 conjuntas), Nuria Díaz (6), Wenceslao Olea (22) y Juan Manuel Fernández (2). Este último es el vocal para Galicia del Poder Judicial y forma parte del grupo de miembros de la Comisión Permanente que, junto a Lesmes, aprobó el informe preliminar que relega a Vigo a ser sede desplazada de un tribunal de instancia con cabecera en la capital. Defensor de este dictamen que priva a la ciudad de su actual estatus, en ninguna de sus alegaciones -una de las cuales hace referencia al acceso a la carrera judicial de personas con discapacidad- defiende que Vigo cuente con tribunal de instancia propio.
Contundencia
El informe más contundente es el de los seis vocales progresistas discrepantes con la reforma. Un texto en el que piden que el CGPJ inste al Gobierno a retirar un anteproyecto carente de "rigor técnico", abocado a un "fracaso asegurado" y en el que se propone un modelo territorial, el de los tribunales de instancia provinciales, "de dudosa operatividad".
Los vocales aportan "diez razones de oposición" al texto de Gallardón. Sobre los tribunales provinciales de instancia con sede en la capital consideran que la supresión de los juzgados y de las audiencias provinciales -junto a la eliminación de los juzgados de Paz "sin introducir un sistema alternativo de justicia de proximidad"- permite augurar "que esta nueva norma va a derivar en un acceso más difícil a la justicia para los ciudadanos que no vivan en las capitales de las provincias, un mayor coste para las partes, denunciantes, testigos y víctimas y una evidente desprotección de los colectivos más vulnerables".
Para estos vocales, la generalización del sistema uniprovincial, que definen como un "cambio radical", se adopta sin "ensayos previos a pequeña escala o experiencias controladas" que permitan un diseño adecuado, considerando que "no se da una respuesta adecuada y coherente a lo que debía ser una auténtica justicia de cercanía [...]".
Sobre la nueva planta judicial, critican también que no se haya contado a priori con la opinión de las comunidades autónomas -la mayor parte tienen asumidas competencias en materia de medios y personal- y alertan asimismo que "tampoco cabe eliminar los juzgados, alterar los partidos judiciales y modificar la organización judicial vigente" sin contar con las entidades locales.
