El presidente de la Cámara de Comercio defiende la autonomía judicial de Vigo y se suma al frente político y económico que reclama el mantenimiento de su partido judicial, que atiende al triple de población que el de la capital de provincia y quintuplica su número de asuntos. José García Costas confía en que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteada por Gallardón no salga adelante "porque es un absurdo". Advirtió tras reunirse con el alcalde en Praza do Rei que los cambios que propone Madrid supondrían un "gravísimo problema para los ciudadanos y las empresas del municipio y un encarecimiento del sistema judicial".
En su breve intervención quiso dejar claro que no se trata de atacar a Pontevedra, sino de que Vigo no pierda sus funciones y servicios en favor de la capital de provincia. "Tenemos que presionar y traer las cosas para aquí", reiteró en sintonía con el discurso del gobierno local. A este respecto, desde la Cámara de Comercio recuerdan que otros problemas anteriores de similar origen han obtenido solución "gracias a la perseverancia de los ciudadanos y las gestiones de los organismos locales", poniendo como ejemplo la apertura de la Oficina de Tráfico en Vigo, la sede de la Uned, el Registro Mercantil y la Delegación de la Xunta, entre otros servicios por los que Vigo luchó.
La ciudad deberá dar de nuevo la batalla colectiva para evitar que la profunda modificación diseñada por el Ministerio de Justicia provoque que "todos los órganos judiciales de Vigo pasen a perder la autonomía territorial". La Cámara considera que relegar a Vigo como sede subordinada de Pontevedra "supondría un retroceso notable para la ciudad que, una vez más, se vería perjudicada por un esquema territorial obsoleto y anacrónico, que no responde a la realidad actual ni contribuye a acercar los servicios a los ciudadanos".
Estos argumentos en defensa del partido judicial vigués y sus 341.000 administrados aparecen, como recordó ayer García Costas, en el editorial de la última revista de la entidad, donde se lamenta que los ciudadanos de Vigo "tengan que luchar una y otra vez por poder disponer de servicios que suelen centralizarse en la capital, a pesar de chocar directamente con el principio de proximidad que debería regir la administración pública".
El titular de la Cámara y presidente de Barreras no contempla que la polémica reforma salga adelante cuando los profesionales del sector e incluso partidos de diferente color político han mostrado su oposición. No obstante, en caso de que entre en vigor, insiste en que hay "argumentos, estadísticas y datos objetivos para que se haga una excepción con Vigo". "Más allá de este asunto en concreto, se pone de manifiesto una vez más la singularidad de la situación de Vigo, única en España", defiende la Cámara en el editorial mencionado por su máximo responsable y en el que también se reivindica el papel de Vigo como "núcleo de la principal área de población de Galicia y del noroeste español".
Por su parte, Abel Caballero insistió en que tal y como acordaron PSOE y PP en el Pleno, la primera petición del Concello es la retirada del proyecto de ley y, en caso de no ser posible, que se divida la provincia en dos tribunales de instancia, uno en Pontevedra para atender la zona norte, y otro con sede autónoma en Vigo para llevar los asuntos de todo el sur provincial. Añadió que esto ya no es suficiente, y que es necesario que el Ministerio de Justicia permita el desdoblamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para mantener aquí también las apelaciones en lugar de obligar a particulares y empresas a recorrer 160 kilómetros hasta A Coruña.
Gallardón en el Congreso
El ministro de Justicia volvió ayer a pronunciarse sobre su polémica reforma asegurando en el Congreso que van a subsistir "todos y cada uno" de los juzgados y tribunales españoles, si bien "trabajarán con mayor flexibilidad y el tribunal de instancia -provincial- podrá decidir el número de jueces que trabaja en cada población". Eludió pronunciarse sobre el criterio de especialización que se aplicaría a las sedes subordinadas como Vigo o si se reconocerá alguna excepcionalidad en la normativa.
