La explanada de los juzgados de Vigo es uno de los lugares donde los afectados por participaciones preferentes suelen manifestarse en su lucha para recuperar sus ahorros. Pero estas protestas se están topando con un problema: el ruido de bocinazos y megáfonos y el de los asistentes coreando consignas clamando justicia está interfiriendo en la celebración de juicios y en las grabaciones que se realizan de estas vistas. Una situación que provoca quejas por parte de magistrados y que llevó al juez decano vigués, Germán Serrano, a solicitar a la Policía Local que realizase mediciones acústicas dentro de los edificios judiciales para comprobar si se superan los niveles contemplados en la ordenanza municipal. Tras hacer varias pruebas, se concluyó que se supera el límite máximo de 45 decibelios, por lo que desde el decanato se remitió la pasada semana un oficio a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, acompañado del informe policial de las mediciones de ruidos, para que no autorice estas concentraciones ni ante los juzgados ni en la calle Lalín, sino "en una zona más alejada".

Los juzgados están a la espera de la respuesta de la Subdelegación. Ayer volvió a haber una concentración de preferentistas y un juzgado de Primera Instancia suspendió un juicio durante una hora, hasta que los manifestantes abandonaron el lugar, porque juez y abogados no escuchaban bien a testigos y peritos y no se podía grabar la sesión con garantías, informaron fuentes judiciales. La decisión de pedir que no se autoricen las movilizaciones ante los tribunales responde a situaciones como las vividas en esta vista. "Lo que debe quedar claro es que no queremos cercenar el derecho de manifestación de los afectados; pero hubo quejas y lo conveniente es que hagan las protestas en un lugar más alejado, porque ahora se causa una perturbación o disfunción de la tutela judicial efectiva", explica el juez decano. "Se podría dar la paradoja de que un juicio de un afectado por preferentes tuviese que llegar a ser anulado porque la grabación no se hizo bien por el ruido", añade.

Pruebas

La Policía Local realizó mediciones acústicas diferentes días coincidiendo con algunas de las últimas concentraciones de preferentistas. Los niveles de ruido se comprobaron en el Registro Civil y en al menos un juzgado de Primera Instancia, y el resultado, según fuentes judiciales, es que se superaron los decibelios que establece la normativa municipal: el nivel máximo en una zona de interior de oficinas es de 45 decibelios y hubo registros de 67,6 y 71,1 . Ante esta situación y tras recibir el informe, el decanato envió el pasado jueves el oficio a la Subdelegación justificando esta petición oficial porque no se puede celebrar en condiciones las vistas orales ni grabar de forma correcta las grabaciones, lo que va "en perjuicio de los justiciables".

Quejas

Las quejas trasladadas al decanato por parte de varios jueces eran precisamente que el ruido afectaba al correcto desarrollo de los juicios. "No se escucha, por ejemplo, cuando hablan los letrados", afirma un magistrado. El decanato remarca que el bullicio también afecta a las grabaciones que se hacen de los juicios y que son fundamentales con vista a posteriores recursos. "No se graba bien, y eso puede ser causa de nulidad", alerta el juez decano, que insiste de nuevo en que estas "perturbaciones" son las que han llevado a adoptar la medida. "No hay nada en contra de las manifestaciones; de hecho los magistrados, con sus sentencias, están dando la razón a la mayoría de los afectados que llevan su caso a los juzgados", afirma.

Como ayer, los preferentistas han llevado sus protestas a los juzgados en variadas ocasiones, a veces coincidiendo por ejemplo con la entrega masiva de demandas en los tribunales o por el juicio contra cinco de ellos que estaban acusados de ocupar una sucursal de Novagalicia Banco de Camelias, proceso del que salieron absueltos. Pero la explanada de los juzgados también ha sido en los últimos meses escenario de protestas de los propios operadores jurídicos por las polémicas reformas que ha impulsado el Ministerio de Justicia. En la última de ellas, en la que funcionarios y abogados defendieron el partido judicial vigués, se contó precisamente con el apoyo y la presencia del colectivo de los preferentistas.