El proyecto de Ley de Área Metropolitana inicia su andadura hacia el Parlamento de Galicia. El Consello de la Xunta aprobó ayer el texto y se marca de plazo hasta 2014 para que gestione sus competencias. "El plazo razonable es que en dos o tres años algunos servicios básicos puedan ser prestados ya desde ese ámbito", explicó el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que presentó el documento junto al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Entre las nueve materias que podrá asumir el ente previo acuerdo de las administraciones implicadas –Concellos, Xunta y Diputación– figura todo el transporte público metropolitano, además del abastecimiento del agua, el saneamiento y la recogida y tratamiento de residuos. El Área Metropolitana de Vigo nace con 14 municipios en los que residen 500.000 habitantes y la capitalidad recaerá en Vigo, pero la disposición adicional octava señala que "el ámbito territorial podrá ser ampliado por decreto del Consello de la Xunta" tras la consulta al concello implicado y el ente metropolitano. Sólo podrán entrar ayuntamientos limítrofes con al menos uno de los ya integrados.

El presidente Núñez Feijóo manifestó que "será un avance para Vigo, y buena para el conjunto de Galicia". El texto recoge el "espíritu" de las declaraciones de Soutomaior (1999) y Nigrán (2000), donde los 14 alcaldes mostraron su apoyo unánime a la constitución de un ente común. Rueda confió en que, tras la tramitación parlamentaria, la ley pueda entrar en vigor este año y en 2010 "se puedan hacer gestiones, transferencias de concellos a Área, de otras instituciones..." El nuevo ente se regirá por una asamblea compuesta por 47 miembros, entre ellos los 14 alcaldes. Vigo, la capital, tendrá 19 representantes, un porcentaje menor del que pedía, ya que planteó en sus alegaciones el 45% y tendrá el 40%. La asamblea aprobará el llamado Plan Metropolitano Cuatrienal, sobre el que pivotarán las actuaciones y objetivos del ente a cuatro años, y ejercerá las funciones de mayor peso, como aceptar competencias, aprobar reglamentos y presupuestos. La junta de gobierno, formada por los 14 regidores, será el órgano ejecutivo, y habrá un presidente elegido por mayoría en la asamblea. Un comité de cooperación entre Área, otro Xunta y Diputación completan la organización, con la opción de nombrar a un director general del Área. Entran en el ente supramunicipal en su primera fase Vigo, Cangas, Moaña, Baiona, Gondomar, Nigrán, Porriño, Mos, Redondela, Fornelos, Pazos de Borbén, Salceda, Salvaterra y Soutomaior.

Las competencias que podrá asumir el Área son Empleo, Servicios Sociales, Turismo y Promoción Cultural, Transporte Público, Medio Ambiente, Gestión de Residuos, Aguas, Ordenación Territorial y Tecnologías de Información, esta última añadida tras la fase de alegaciones. No obstante, su transferencia al Área dependerá de la voluntad de las administraciones que las gestionan ahora. El proceso de cesión se realizará a través de comisiones mixtas paritarias, y en última instancia deben ser aprobadas por el Consello de la Xunta, los plenos de las corporaciones y el de la Diputación. "Lo que no puede hacer la ley es obligar a ninguna administración", justificó el conselleiro. Junto a la competencia debe transferirse el coste para sufragarlas.

Concesiones y contratos

En el transporte el texto permite al ente para asumir la gestión de las concesiones municipales tanto de bus como de taxi, y también el servicio interurbano por carretera. También, previo plácet municipal, los contratos de agua, saneamiento y residuos, que ahora recaen en los ayuntamientos. El Área podrá elaborar un Plan Estratégico de Empleo, coordinar servicios sociales, asumir la protección ambiental y planificar programas y proyectos turísticos y culturales.

La financiación se hará a través de las aportaciones de las administraciones que deleguen las competencias, una cantidad fija por habitante y otros ingresos como tributos por los servicios que pasa a prestar el Área, transferencias, subvenciones, créditos y multas. Rueda recalcó en la presentación que el ente no supondrá mayor gasto, y estimó el ahorro que generará respecto a los costes actuales "entre el 15 y el 20%". El conselleiro no especificó las transferencias de la Diputación. "Están establecidas las que puede ejercer el Área Metropolitana. A partir de ahí depende de la voluntad de todas las administraciones hacerlas: los 14 concellos, la Xunta, Diputación y Administración central", se limitó a decir.