Cinco semanas después de iniciarse la huelga en la Justicia gallega y con los juzgados funcionando bajo mínimos, el conflicto sigue enquistado y sin visos de resolverse. Tras el fracaso de la reunión del pasado viernes, los sindicatos se mantienen firmes en su demanda de una subida salarial de 190 euros al mes y la Xunta les ofrece 105. Y no hay ninguna fecha prevista para que ambas partes vuelvan a sentarse. El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, pide "responsabilidad" a los sindicatos y les lanza una advertencia: "Si nos piden cifras inasumibles, no podrá haber una solución".

El número dos de la Xunta insiste en que la última oferta de la Administración gallega -una subida de 105 euros más al mes para todos los cuerpos (gestores, tramitadores y auxilios)- cumple "con el mandato parlamentario" y con lo que "se pedía" por parte de los sindicatos. Así recalcó que los funcionarios judiciales gallegos quedarían por encima de la media tanto si se contabilizan las 17 comunidades (cómputo que hacía la Xunta) como si se consideran las 12 con competencia transferida y el "territorio Ministerio" como si fuera "una única" autonomía, en la línea de las tablas que manejaban los sindicatos.

Los sindicatos ya rechazaron en la pasada jornada esta afirmación y sugirieron que Rueda tiene "un problema con las matemáticas".Y le instan a "negociar". Los representantes de los trabajadores acusan a la Xunta de "hacer caja" para poder pagar después el incremento salarial, toda vez que llevan casi tres millones de euros recaudados con los descuentos en las nóminas desde que empezó el paro.

En este contexto y con las posiciones tan confrontadas, el vicepresidente se pregunta "si las reuniones valen para algo más que para seguir prolongándolas eternamente". "Esta situación debe acabar", advirtió Rueda, quien dejó claro que "no hay duda" de la voluntad negociadora de la Xunta, por lo que ha vuelto a pedir que el colectivo de funcionarios judiciales analice "lo que propuso el Ejecutivo autonómico" para "constatar que es aquello que pedían".

Preguntado sobre si la diferencia entre lo que ofrece la Xunta y lo que demandan los sindicatos es "insalvable", Rueda replicó que "efectivamente" y sentenció que ésta es "una huelga de contenido económico", ya que se "se están discutiendo cifras".

Entretanto, los sindicatos mantienen el pulso a la Administración autonómica. Aunque el seguimiento ha descendido, se mantiene por encima del 70 por ciento, según el sindicato SPJ-USO. En las ciudades de Vigo, Ourense y Pontevedra llegó casi al 85 por ciento. En Santiago, Ferrol y Lugo rondó el 80 por ciento y en A Coruña se quedó en el 70 por ciento. Y los juzgados y registros civiles siguen prácticamente paralizados. La Xunta, sin embargo, rebaja estas cifras al 34,95 por ciento.

Cinco semanas de huelga han supuesto serios perjuicios para los ciudadanos y para el funcionamiento de la Justicia: 15.000 juicios aplazados, miles de certificados de defunción y nacimiento pendientes de expedirse para obtener, por ejemplo, pensiones de viudedad o la asignación de pediatra para recién nacidos y centenares de trabajadores con recortes en sus nóminas.

Esto precisamente está provocando los primeros conflictos. En A Coruña empleados públicos de los juzgados presentaron ante la Xunta una solicitud individual de aclaración de su nómina de febrero por los descuentos aplicados por la huelga en la parte horaria flexible. "Tenemos un horario fijo y otro flexible y de este último nos han descontado siete horas y media de trabajo, cuando podemos recuperarlas al mes siguiente", explica uno de los portavoces del comité de huelga, Sergio Riveros, al que le han descontado 312 euros por cinco días. No descartan incluso ir a la vía judicial para recuperar el dinero.