A los gallegos les sale a cuenta adelantar la herencia en vida desde 2016. La reforma fiscal de la Xunta, por la que se exime de pagar el impuesto de sucesiones a legados inferiores a 400.000 euros de padres a hijos, de abuelos a nietos o entre cónyuges, ha disparado los pactos sucesorios. De los poco más de 7.300 contratos de este tipo firmados en Galicia en 2015, un año antes de la entrada en vigor de las bonificaciones fiscales, se ha pasado a casi 16.500 en 2017, según el balance del Consejo Notarial de Galicia. Son 45 las herencias en vida que se tramitan al día en la comunidad, un 124% más que las 20 diarias registradas antes de 2016.

Ahora, por primera vez desde la reforma fiscal, la Consellería de Facenda pondrá bajo la lupa los adelantos de herencias para comprobar que los beneficios fiscales se obtuvieron conforme a la legalidad. Y es que estas bonificaciones solo afectan a legados en línea ascendente y descendente, pero no a transmisiones de familiares de tercer grado y ulteriores (tíos-sobrinos, bisabuelos o primos) y de no parientes.

Tal y como recoge el Plan de Control Tributario de 2018, una de las actuaciones novedosas será la "comprobación de las reducciones subjetivas en el impuestos sobre sucesiones, y en especial, la correcta aplicación de la reducción por parentesco cuando se formalizaron pactos sucesorios con anterioridad al fallecimiento del causante", según recoge en el documento.

Desde el 1 de enero de 2016, el 99,3% de los contribuyentes gallegos no pagan ni un euro a la Xunta por el impuesto de sucesiones cuando reciben una herencia de un familiar directo. Solo quienes reciban un legado por un importe superior a los 400.000 euros -excluida la vivienda habitual- tienen que rendir cuentas con la Axencia Tributaria. Y superada esa cantidad, el contribuyente solo tiene que hacer frente al importe que quede por encima de los 400.000 euros.

Antes de las bonificaciones fiscales, el techo en Galicia estaba en los 125.000 euros, con la particularidad de que si se sobrepasaba esa cuantía tan solo estaban exentos los primeros 18.000 euros. A modo de ejemplo, la factura fiscal de un gallego que antes de la reforma heredaba dos pisos y 30.000 euros en el banco ascendía a 27.000 euros, frente a los apenas 1.200 euros que tendría que abonar ese mismo contribuyente en Madrid. Desde hace dos años, ese mismo legado en Galicia está exento de tributación alguna.

Solo el año pasado se firmaron en Galicia un total de 16.436 herencias en vida, un 7,5% más que en 2016 (15.295) y un 124% más que las contabilizadas el año antes de la reforma fiscal (7.345), según el balance del Colegio Notarial de Galicia. Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el grueso de los pactos sucesorios suscritos en 2017, con un total de 6.540 y 5.943, respectivamente. Las cifras en las otras dos provincias se quedan muy por debajo: 2.222 en Lugo y 1.731 en Ourense.

Facenda también estrechará este año el cerco sobre las renuncias a herencias. Por primera vez pondrá el foco en los herederos que dicen no a un legado, en su mayoría por las deudas del fallecido pero también por la gravosa carga impositiva sobre las herencias de familiares lejanos, como tíos o primos, así como no parientes. El año pasado, fueron un total de 2.537 los gallegos que rechazaron los bienes legados, un 10% más que antes de la reforma fiscal.

La Atriga controlará por primera vez las renuncias para verificar que se hacen conforme a derecho, ya que, de no ser así "puede darse el caso de que la persona que renuncia tenga que tributar", según explican desde el departamento que dirige Valeriano Martínez.

El pasado año se cerró con un aumento de las compras de pisos en efectivo. Aunque se firmaron poco más de 11.000 hipotecas en la comunidad, fueron más de 17.000 las ventas formalizadas. Para tratar de determinar el origen de los fondos utilizados para los pagos en las transacciones inmobiliarias, que están sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, la Xunta también promoverá este año inspecciones dentro del plan anual de control tributario.

Estas actuaciones no tienen que ver con el posible uso de dinero negro o operaciones de blanqueo, sino que se trata de verificar que estas operaciones se realizan con patrimonio propio, ya que si se realizan, por ejemplo, a través de una donación de dinero, está sujeta a tributación.