Los vecinos de 19 concellos pagarán más por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) el año que viene, pues el valor catastral de las 109.236 propiedades que acumulan subirá. El Gobierno central los ha incluido bien a petición municipal, bien de oficio en la relación de aquellos a los que aplicará un incremento de la referencia para calcular cuánto vale un piso, un garaje o un local comercial al no haber revisado estos esa magnitud desde hace décadas. Ese incremento encarecerá el recibo, pues superará una posible bajada de la presión fiscal. Supone, además, la cifra más baja de los últimos cuatro años, cuando siempre se superaron los 60 ayuntamientos afectados por esta medida. Desde entonces, se aplicó un coeficiente alcista en 264.
El IBI es el impuesto que cada ciudadano paga por sus propiedades en el municipio en que se reside y su cantidad deriva de la aplicación de dos conceptos. El primero es el valor catastral: un índice que determina el precio de una vivienda, un garaje o un solar, por ejemplo, para la administración. A esa cifra -la base imponible- se le aplica después la carga que cada municipio determine, pudiendo bajarla o subirla cada año en función de sus necesidades.
El informe sobre los precios de referencia no se ha actualizado desde el siglo pasado en alrededor de 150 municipios gallegos, que tienen dos opciones. Realizar una actualización de esa información, que elevaría el valor de los inmuebles y, por tanto, el recibo del IBI al pasar de una valoración de los 80, por ejemplo, a una actual, o pedirle al Gobierno central que le aplique una subida para acercarse al valor actual de esas propiedades. El Ejecutivo también puede hacerlo de oficio.
En ambas situaciones se encuentran 19 concellos, en los que a partir del año que viene se elevará en un porcentaje aún por determinar en los Presupuestos Generales del Estado, el valor catastral. Se trata de A Guarda, Baiona, O Porriño, Salceda de Caselas y Vilanova, en la provincia de Pontevedra, que mantienen como referencia los precios determinados en 1989, 1998, 1987, 1989 y 1996, respectivamente, según consta en la orden publicada en el BOE el pasado septiembre.
"En nuestro caso lo aplica el Gobierno de forma automática. No queremos actualizar los precios de referencia porque supondría un incremento muy grande del recibo para los vecinos", explica Gonzalo Durán (PP), alcalde de Vilanova, concello al que le aplicaron ese coeficiente extra los dos últimos años.
En la lista figura también Dumbría, Fisterra, Laxe y San Sadurniño, de A Coruña; A Pastoriza, Ribadeo y Taboada, de Lugo; y A Gudiña, A Rúa, A Veiga, Castro Caldelas, Celanova, Ribadavia y Vilamarín, de Ourense, según la citada orden. Sus años de entrada en vigor de la ponencia de valor catastral varían entre 1987 (O Porriño) y 2002 (Celanova y Fisterra).
