"De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud(OMS), los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes". Así lo hizo constar la organización internacional el pasado octubre en un comunicado de prensa en el que defendía además que "las políticas fiscales que conducen a un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional del consumo de estos productos". En la línea de estas recomendaciones, argumenta la Generalitat, acaba de entrar en vigor en Cataluña un impuesto que grava las bebidas azucaradas. Galicia, sin embargo, no seguirá el ejemplo, sino que espera que sea el Gobierno central el que dé el paso a través de una eventual normativa estatal para evitar un posible conflicto de competencias que pueda acabar en el Constitucional, alegan desde la Consellería de Facenda.

No obstante, no está previsto a corto plazo que el Gobierno central promueva una normativa en esa línea. Aunque así estaba pensado cuando se presentaron los presupuestos, la negociación con Ciudadanos para sacar adelante las cuentas y la condición de esta formación de no subir impuestos provocaron que el Ejecutivo central recurra al impuesto sobre el azúcar solo si a lo largo del ejercicio se produjese algún riesgo de desviación del objetivo de déficit.

Pese a que la posición del Gobierno permite sospechar que el gravamen sobre las bebidas azucaradas no tendrá un reflejo inmediato, la Xunta se remite a que dicho tributo fue incluido por el Gobierno en la actualización del plan presupuestario para este año, con "un efecto estimado en la recaudación de 200 millones de euros para todo el Estado". En ese documento, alegan desde el departamento que dirige Valeriano Martínez, el Gobierno estableció asimismo que dicho impuesto "se regulará legalmente a lo largo de este año".

En ese argumento, en que el impuesto está previsto por el Estado, se escuda el Ejecutivo autonómico para no abordar un gravamen similar al de Cataluña, porque podría traer conflictos de competencias. "Galicia considera que, en cumplimiento de la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades), los tributos que establecen las comunidades no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado", explican desde Facenda, que concluye: "Entendemos que existiría el riesgo de que esta propuesta fuese recurrida por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y suspendidos -por lo menos temporalmente- sus efectos".

Medidas para combatir la obesidad en niños

Pese a que no abordará el gravamen (tampoco Euskadi), la Xunta destaca que "está de acuerdo en la importancia de adoptar medidas para frenar la obesidad, sobre todo la infantil", y por ello, dice, ya trabaja en ese sentido. Un "ejemplo", apunta, sería el plan Xermola, para frenar el problema de sobrepeso y de obesidad que afecta a la juventud gallega y "mejorar el patrón alimentario y de actividad física" como determinantes de la obesidad en niños y jóvenes. Entre otras medidas, ese plan recoge la asesoría y supervisión de menús escolares, aunque un reciente análisis de Sanidade puso en cuestión la idoneidad de las comidas que se ofrecen en el colegio. Hace poco, la Xunta se planteó prohibir en los institutos la venta de bollería y refrescos, como en primaria, pero dio marcha atrás y optó por dejar a los centros decidir.

La encuesta de la Xunta en los colegios que desembocó en el Xermola reflejó lo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vio un "grave problema de salud pública": el 25% de escolares de primaria y secundaria tiene sobrepeso y 8 de cada cien son obesos. Pero el problema es mayor. Según el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), Galicia es la segunda comunidad con mayores tasas de sobrepeso y obesidad entre los adultos: el 24,9%.