16 de noviembre de 2016

Los transportistas reclaman la bajada de los peajes y la supresión del céntimo sanitario

Fegatramer pone deberes a la Xunta y al Gobierno para mejorar el sector

16.11.2016 | 02:36

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), el órgano con mayor representación profesional de Galicia, ha puesto deberes a la Xunta y al Gobierno central. Reivindica la puesta en marcha de medidas urgentes para dar estabilidad y viabilidad al sector, "fundamental en la economía de Galicia y de España". Entre las iniciativas que reclaman, los transportistas solicitan la supresión del peaje en la AP-9 o cuando menos una reducción de las tarifas, pues consideran que la amortización de la vía ya ha concluido. Igualmente, piden una rebaja del peaje de la autopista A-53, "actualmente con un importe desorbitado", que enlaza Santiago con Dozón (Pontevedra).

En cuanto a las infraestructuras, Fegatramer reclama la construcción de áreas de descanso y de servicio y que los pasos elevados tengan una anchura entre pilares de al menos cuatro metros y una altura de seis metros, condición necesaria para que puedan circular los transportes especiales. Añadida a esta reivindicación figura la conveniencia de que la Ley de Carreteras establezca la obligatoriedad de que las vías autonómicas incorporen áreas de descanso.

La supresión del llamado "céntimo sanitario" también aparece entre las medidas necesarias para garantizar la viabilidad. "La excesiva carga impositiva que soporta el sector y le hecho de que sea distinta según el régimen fiscal y la comunidad autónoma provoca una clara distorsión de la competencia y penaliza las exportaciones gallegas", se recogen en su manifiesto de once medidas. Galicia es una de las comunidades que aplica los tipos máximos en el "céntimo sanitario", cargando con 4,8 céntimos el litro de combustible, ya sea diésel o gasolina. Lo mismo hacen otras cinco comunidades, como Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía, mientras que otras como La Rioja, País Vasco, Cantabria o la vecina Castilla y León decidieron renunciar al tramo autonómico del impuesto.

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