Los ayuntamientos gallegos tienen 21,6 millones de euros en facturas pendientes de pago que aún no las han incorporado a la contabilidad presupuestaria. Están guardadas en el cajón a la espera de que mejore la liquidez de las arcas municipales para poder afrontar los pagos y, mientras tanto, tampoco corre el plazo legal que obliga a las administraciones públicas a saldar las deudas con los proveedores en un máximo de 30 días. Estas facturas están clasificadas en la llamada cuenta 413, un mecanismo legal que les permite alargar los plazos antes de pagar y de cuyo control se encarga el Ministerio de Hacienda para evitar un exceso de desviación presupuestaria.
Esta supervisión del departamento de Montoro surgió para reducir la morosidad que se disparó durante los primeros años de la crisis y agilizar así los pagos a proveedores, sobre todo a empresas y autónomos afectados por los impagos de las administraciones. De esta manera, desde 2013 existe un plazo de 30 días para abonar las facturas. Sin embargo, las entidades locales no siempre disponen de liquidez para afrontar los recibos pendientes. Y cuando se produce esta situación, las facturas se mantienen en el limbo y no las imputan a sus respectivos presupuestos, pasando a engordar la cuenta 413.
A 30 de junio, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, 56 ayuntamientos gallegos reconocen que tienen facturas extrapresupuestarias sin pagar: 22 pertenecen a la provincia de A Coruña, 20 a la de Pontevedra, 10 a la de Lugo y 4 a la de Lugo, si bien no todos los concellos informan al Gobierno central del volumen de su cuenta 413. De ahí que el ministerio, en una comunicación de la pasada semana, recuerde a las entidades locales su obligación de "controlar el desarrollo" de la cuenta "para comprobar la existencia de obligaciones pendientes de pago". El importe total ascendía a 30 de junio a 21,6 millones, si bien al cierre de 2015 superaban los 33 millones de euros.
Haz clic para ampliar el gráfico
El ayuntamiento gallego con un mayor volumen de recibos aparcados es el de Narón (A Coruña). Al cierre del segundo trimestre adeudaba a sus proveedores 2,265 millones de euros, dos millones más de los que tenía a principios de año.
El segundo lugar lo ocupa el de A Coruña, con facturas fuera de contabilidad presupuestaria por importe de 2,221 millones, la mitad de lo que adeudaba a finales del pasado año. El actual ejecutivo local, en manos de las Mareas, sostiene que aún arrastra las consecuencias de los impago del anterior gobierno -del PP- y que incluso tuvo que acudir a créditos para abonar las facturas atrasadas.
En diciembre de 2015, el Concello de Ourense era uno de los que mayor volumen de facturas guardaba en la cuenta 413, con casi 3 millones de euros en impagos, pero lleva seis meses sin remitir información al Ministerio de Hacienda.
Con algo más de 1,8 millones de euros cada uno en recibos guardados en el cajón figuran los ayuntamientos de Ponteceso y Ponteareas, tras los que se sitúa el de Coristanco, con 1,65 millones en recibos sin computar en los presupuestos.
Los demás concellos ya están por debajo del millón de euros, ocupando las primeras posiciones en este segundo nivel municipios como Arteixo, A Cañiza, Monforte o Viveiro. Las diputaciones provinciales, según los datos de Hacienda, no tienen facturas pendientes de pago en los cajones.
