Un carácter incorregible que va agravando las crisis de convivencia, consecuencias sobre los estudios e incapacidad de los progenitores para lidiar con una situación que los desborda, y que, en algunos casos, coincide con un proceso de divorcio. También se abren casos debido a la falta de recursos económicos con que hacer frente al cuidado de los niños con unas condiciones de dignidad mínimas. Estas suelen ser las radiografías de las situaciones que se encuentran los técnicos de Menores de la Xunta cuando reciben una petición de padres para que la administración asuma temporalmente la tutela de niños o adolescentes. En estos momentos, la Xunta tiene bajo su cuidado 267 pequeños, precisamente a petición de sus progenitores.
Esa cifra supone un aumento del 11,2% respecto a los datos de hace dos años y casi un 25% sobre 2009, pero en Menores lo que más llama la atención es el incremento paulatino de solicitudes. Solo el año pasado, el departamento de la Consellería de Política Social encargada de estos casos recibió cien peticiones. "Los padres están sobrepasados en muchos casos", apunta Emmanuela Díaz Castro-Rial, subdirectora xeral de Familia e Menores, quien matiza que en la actualidad estas guardas se realizan mediante control judicial y que no se aceptan todos los expedientes. En caso afirmativo, se abre un programa de actuación conjunto con progenitores y niños que durará un máximo de dos años, si bien la ley permite a la Xunta prorrogar esa guarda en casos excepcionales.
También se pueden producir casos por encarcelamiento de los padres, enfermedad grave de los mismos o problemas de drogadicción o alcoholismo. Aun así, la mayor parte de los expedientes se abren por crisis económicas y socio-familiares, que sumaron el año pasado 343 y 241 casos, respectivamente. Destacan también los nueve casos de abandono y los 68 de maltrato, tanto físico como emocional.
La legislación establece la posibilidad de que sea la administración autonómica quien se haga cargo bien de la tutela del niño, bien de la guarda, dos figuras similares, -aunque en el primer caso se tiene mayor nivel de responsabilidad, incluso sobre bienes-, cuando se producen "circunstancias graves y transitorias". Díaz reconoce que las guardas de menores crecen, pero llama la atención sobre un aumento de solicitudes debido "a la imposibilidad de control de los hijos, algo que hace años no sucedía". Ello está vinculado también a un aumento de la conciencia sobre las opciones para abordar la conflictividad familiar y el recurso a la administración al que hace años apenas se prestaba atención.
El proceso, lógicamente, es temporal y, una vez, los padres superan sus problemas pueden recuperar la tutela total sobre sus pequeños. En el caso de los problemas de conducta, son los equipos de menores los que evalúan la situación para ir tratando de que estos regresen a su entorno familiar lo antes posible.
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104 adolescentes conflictivos reciben asistencia psicológica
- El año pasado, 104 adolescentes con problemas de comportamiento y conflictivos recibieron tratamiento psicológico por parte de la Xunta a través del programa de intervención ambulatoria realizado en colaboración con la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga en Vigo. Son siete casos más que el año pasado y la distribución es de 55 niñas y 49 niños.Este aborda casos de "conductas disociales, comisión de delitos, consumo de drogas, fracaso escolar, expulsión y/o violencia escolar, pertenencia a pandillas disociales o trastornos psicopatológicos", según consta en la memoria anual elaborada por la Consellería de Política Social.El tratamiento pretende hallar las causas de los problemas de conducta y establecer pautas para que los jóvenes reconduzcan su situación.No es el único programa de este tipo que mantiene la consellería, que también cuenta con uno específico para atender las consecuencias psicológicas sobre niños en "riesgo de desamparo". Se trata del programa de evaluación y tratamiento terapéutico, en el que colabora la fundación Universidade de A Coruña. El objetivo es atender a "los menores con desajustes emocionales severos y conductuales severos originados o relacionados con la situación de desprotección que sufrieron", según Menores. La atención se elevó un 19% el año pasado para atender 195 casos, de los que 63 correspondían a la provincia de Pontevedra.
