Los gallegos que perdieron su casa por no pagar el préstamo caen un 30% en 2015

Las ejecuciones hipotecarias de viviendas de particulares sumaron 744 -Es el cuarto mayor descenso del país -Los embargos de locales, naves y edificios alcanzaron los 980

04.03.2016 | 01:46
Los gallegos que perdieron su casa por no pagar el préstamo caen un 30% en 2015

Los desalojos de viviendas se convirtieron en uno de los símbolos más elocuentes, y tristes, de la virulencia de la crisis en España. Especialmente a partir de 2012, cuando los casos de suicidio visibilizaron la magnitud del problema y las imágenes de gente desesperada por quedarse en la calle dieron la vuelta al mundo. Fue entonces cuando las administraciones empezaron a tomar medidas, como el impulso al código de buenas prácticas que el Ministerio de Economía firmó con prácticamente todo el sector financiero para facilitar las negociaciones entre las entidades y el dueño y la posibilidad de entregar el bien en pago de la deuda como solución. Eso, junto a los convenios que después nacieron por parte de los gobiernos regionales, la estabilización de la economía y la bajada de los tipos de interés hasta mínimos históricos, permite contener el drama de las ejecuciones hipotecarias. Entre aquellas vinculadas a viviendas en manos de particulares, la caída el año pasado en Galicia supera el 30%. El cuarto mayor desplome registrado en el Estado, con una media del 13,3%.

El número de embargos, con la suma de todo tipo de bienes, y perfil de propietario, alcanzó las 486 en el último trimestre de 2015, un 57,5% menos que entre octubre y diciembre de 2014. El ejercicio se cerró con un total de 2.527 -son el 0,3% del total de créditos formalizados entre 2003 y 2014- y un descenso del 25,5%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en comparación con las 3.391 notificadas un año antes.

Sí se da la tendencia contraria entre las propiedades situadas en terrenos rústicos. Desde cultivos, a construcciones para uso residencial, pasando por explotaciones agrícolas. De 167 ejecuciones hipotecarias en 2014 a 233 el pasado ejercicio, lo que supone un incremento del 39,5%.

En el caso de bienes urbanos, la situación se mantiene estable para los solares -entre los activos del sector del ladrillo a los que les cuesta sumarse a la recuperación del mercado por la débil todavía demanda para nuevas construcciones-, con 97 ejecuciones, frente a las 102 de 2014.

Entre todas las tipologías de vivienda, la evolución es claramente a la baja. Un 30,5% menos, hasta las 1.217 órdenes de retirada de la titularidad desde la entidad financiera ante la morosidad en el crédito. De esa cantidad, únicamente 76 eran de inmuebles nuevos. El resto, 1.141 -con una reducción del 29,6%- eran pisos y casas de segunda mano. También es importante diferenciar la propiedad. A personas físicas pertenecían 744 -el descenso en este caso es del 30,4%- y 473 a empresas -la caída es similiar-, entre las que se incluyen, sobre todo, promotoras en quiebra.

El cómputo de embargos se completa con locales comerciales, oficinas, trasteros, garajes, naves industriales e incluso edificios enteros. Fueron 980 en 2014, lo que deja una bajada anual del 28,5%, según el IGE.

Desde la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Vigo y Tui aseguran que en las asambleas que celebran cada quince días para acoger casos de amenaza de desalojo llegan "entre tres y cinco" nuevas víctimas. Más allá de lo que está ocurriendo con las hipotecas, la organización alerta del incremento entre aquellos que están viviendo en alquiler. El número de lanzamientos hasta septiembre alcanzó los 1.151, un 2,4% por encima del mismo periodo de 2014, como recogen los balances del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también evidencian que la mayoría de las ejecuciones hipotecarias de familias acaban con una resolución judicial forzada. "Hay ejemplos verdaderamente terribles de personas que han sido desahuciadas primero de su piso en propiedad y luego del alquiler", narra Carlota Pérez, portavoz de la PAH viguesa, que avanza la intención de las plataformas de toda España de promover un cambio en la ley de arrendamientos para que también en este tipo de contratos se puedan buscar fórmulas de negociación equivalentes a las de las hipotecas.

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