El Consello de Contas estrenará este año su nueva unidad de lucha contra la corrupción y empezará por investigar los bienes patrimoniales de los altos cargos de la Xunta. Será la primera vez que el órgano fiscalizador ponga la lupa sobre el patrimonio de los responsables de la Administración autonómica, desde el presidente hasta los conselleiros, directores o secretarios xerais. Según se contempla en el plan de trabajo aprobado para este año, Contas también someterá a control los contratos de la llamada administración paralela para comprobar que tanto las licitaciones como las adjudicaciones cumplen la estricta legalidad.
La Xunta reformó el pasado año la ley que regula el Consello de Contas para otorgarle funciones de lucha contra la corrupción. Para ello se creará una "sección" específica en el seno de este órgano fiscalizador. Y esta unidad ya tiene adjudicadas sus primeras tareas para 2016.
Los altos cargos de la Xunta tendrán que someter sus bienes y patrimonio al control del órgano fiscalizador, una medida que va un paso más allá de la mera declaración económica a la que estaban obligados hasta ahora solo los diputados, los conselleiros y el presidente de la Xunta. La nueva Lei de Transparencia e Bo Goberno extiende esta exigencia de hacer público su patrimonio al resto de altos cargos, pero todavía no está vigente. Está pendiente la publicación de esta norma en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que se prevé para los próximos días, y a partir de ahí aún habrá que contar veinte jornadas para que entre en vigor.
Fueron los diputados del Parlamento autonómico los primeros en hacer público en 2009 su patrimonio. En diciembre de 2011 le siguieron de forma voluntaria Feijóo y los conselleiros. Y dos años después el Ejecutivo autonómico lo convirtió en obligatorio al incorporar a la Lei de Racionalización de la Administración la exigencia de que todos los integrantes del Consello de la Xunta hiciesen pública una declaración de bienes.
Cuando este año se active la última Lei de Transparencia de la Xunta quedarán ya obligados a informar de su patrimonio todos los altos cargos, no solo los conselleiros y el presidente, cuando tomen posesión y cuando cesen.
El Consello de Contas además de fiscalizar los bienes patrimoniales de los directivos y conselleiros de la Xunta, también investigará la contratación en los entes instrumentales dependientes del Gobierno gallego. "El objetivo es verificar el grado de cumplimiento sobre la publicidad y la transparencia llevadas a cabo en los distintos procedimientos", según explica el documento que recoge su Plan Anual de Trabajo para 2016.
Por un lado, analizarán los "procedimientos" y los sistemas de control interno que tenga cada ente para minimizar los riesgos de corrupción.
Contas verificará además que se cumple con la exigencia de "transparencia" en estos procesos de licitación. De la misma manera, revisarán que se cumple con la obligación de darles "publicidad".
El ente fiscalizador, que ahora preside José Antonio Redondo, analizará el volumen de contratación de cada ente autónomo y de los procedimientos de adjudicación utilizados.
Pondrá especial celo en aquellas adjudicaciones "que presenten singular riesgo" como los procedimientos sin publicidad, los fraccionamientos en los contratos, modificados o convenios. Y se revisará además que cuando se otorgue un contrato esté "adecuadamente" justificado.
Las comprobaciones se realizarán sobre un muestreo de entes instrumentales que se determinará en función del volumen de contratación realizada durante 2015.
Contas pedirá además información este año a todas las administraciones de los sistemas de prevención en materia de corrupción que han activado así como de sus códigos éticos.
Junto a los tribunales de cuentas de otras comunidades, el órgano fiscalizador gallego preparará además un informe sobre el abuso por parte de las administraciones de las llamadas encomiendas de gestión (cuando se encarga un trabajo a una empresa privada).
Examen al gasto en farmacia hospitalaria del Sergas y a la inversión en plazas para mayores
- El gasto en dependencia y sanidad también se someterá al escrutinio del Consello de Contas en 2016. Este órgano fiscalizador apela a "la importancia de las políticas sociales para mejorar los sistemas de protección a las personas dependientes y con discapacidad, a las que se destinan año tras año un importante volumen de recursos". Por esa razón, durante este año analizará la evolución del gasto de la Xunta en centros residenciales y "verificará la eficacia y eficiencia" en el uso de estos fondos públicos. Entre sus objetivos estará medir el peso que el gasto en estas plazas residenciales tiene en relación a otro tipo de servicios como el pago a cuidadores familiares.Su objetivo es averiguar si se han cumplido los objetivos en cuanto al mantenimiento y creación de nuevas plazas residenciales, fijados en los planes estratégicos de la Xunta.La farmacia hospitalaria también será objeto de control por parte del Consello de Contas. El Sergas ha centrado hasta ahora sus esfuerzos en rebajar la factura que suponen para las arcas públicas los medicamentos dispensados en farmacia. Pero también hay gasto farmacéutico en los hospitales. Según el órgano fiscalizador que presidente José Antonio Redondo, en 2014 ascendió a 335 millones de euros (excluyendo los fármacos que se dispensan en las boticas hospitalarias a pacientes no ingresados).
