El paseíllo de antiguos altos cargos de Caixanova por la Audiencia Nacional para interrogarles por supuestas irregularidades en una de las operaciones que el FROB remitió a Anticorrupción llega en la recta final de una campaña electoral acalorada por los reproches entre partidos al hilo de la corrupción. ¿Coincidencia? Ya ocurrió con el juicio por las millonarias prejubilaciones. La previsión inicial marcaba el arranque de las vistas el 18 de mayo, en plena batalla por los comicios municipales. Pero la fecha tuvo que retrasarse dos veces -a petición de una de las defensas primero por la obligación de acudir a otro juicio y por la enfermedad de una de las fiscales después- y no comenzó hasta el 8 de junio. Esta vez no había un calendario conocido y, de hecho, parte de las citaciones se realizaron el pasado viernes, justo un día después de que los directivos condenados por las indemnizaciones -tres de ellos vuelven a estar implicados en la operación investigada- presentaran un recurso en el Supremo contra la sentencia de dos años de cárcel dictada en octubre.

Los abogados pidieron tiempo para mirar la documentación, pero no se concedió. La instrucción corre a cargo de Carmen Lamela, que fue precisamente una de las encargadas del fallo de la Audiencia Nacional por las prejubilaciones.

La operación sospechosa pudo, según el FROB, provocar un quebranto de 14,5 millones. De otras anteriores y con un perjuicio muchísimo mayor -las de Caixa Galicia y Astroc suponen 300 millones de los 980 que suman todas los créditos en investigación- nada se saben. Algunas son anteriores, por lo que existe riesgo de prescripción.

Aún queda algo más en común. ¿Quién cribó las operaciones irregulares? Fue PricewaterhouseCoopers, la auditora de cabecera de Caixa Galicia. Algo insólito en un sistema de control por el freno que eso supone a que la firma rastree créditos que en su momento avaló con la firma, sin salvedades, de las cuentas anuales de la entidad.