La inspección del Catastro para destapar bienes ocultos en Galicia, como nuevas construcciones, reformas o ampliaciones que no se han declarado para eludir el pago de los impuestos, se ha complicado en Galicia debido a la dispersión poblacional y al ingente trabajo que requiere peinar el territorio. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda se ha visto en la obligación de ampliar la campaña especial de control en 33 ayuntamientos gallegos, once de ellos en la provincia de Pontevedra, para así poder inspeccionar todo el término municipal. Esta decisión también se ha adoptado para otros 370 ayuntamientos del resto de España.
El proceso de revisión catastral se inició en 2013 con la intención de luchar contra el fraude, tal y como reconoció en su momento la Dirección General del Catastro, y para buscar ingresos adicionales para los municipios a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que supone casi la mitad de todo lo que recaudan los ayuntamientos. Para ello, los inspectores realizan peinados in situ con planos y cámaras de fotográficas, además de recurrir a imágenes aéreas. De esta manera, intentan localizar edificaciones, ya sean de nueva planta o ampliaciones de la existente, que no estaban registradas en el Catastro y, por tanto, sus dueños se libraban de tributar por ellas el IBI. Y también se pretende localizar reformas que no se notificaron, pero que pueden suponer un incremento del valor del inmueble que se deben traducir en un mayor abono de impuestos.
Este ambicioso plan re regularización se desarrolla en varias fases. La primera -que afectó a 27 concellos gallegos- ya se completó, pero cuando se estaba a punto de concluir la segunda, Hacienda se ha percatado de que el plazo habilitado resulta insuficiente, por lo que tiene que prorrogarlo para dar cobertura jurídica a la inspección, decisión que afectará a 33 ayuntamientos gallegos.
"La complejidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de regularización catastral para comprobar la adecuación de las descripciones catastrales con la realidad inmobiliaria, dado el elevado número de municipios a comprobar y su dispersión geográfica, determina con carácter general que los plazos previstos resultan insuficientes", se recoge en una resolución del Ministerio de Hacienda publicada ayer en el BOE.
A cuatro de los concellos afectados el plazo expiraba el 30 de octubre y se gana un mes de más tiempo para completar la revisión. Son los municipios de Avión, Toén, Verea y Vilardevós, todos ellos en la provincia de Ourense.
A los demás, la campaña vencía el 30 de noviembre, pero ahora se prorroga cuatro meses más. En esta situación se encuentran once concellos de Pontevedra: Caldas, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Mondariz, Mondariz-Balneario, Pontecesures, O Rosal, Cerdedo y Soutomaior. En A Coruña son trece los afectados: Ames, A Baña, Corcubión, Dumbría, Frades, Laxe, Neda, Ortigueira, Outes, Paderne, Ponteceso, As Pontes y Teo; mientras que en Lugo hay solo cinco, Xermade, Lourenzá. A Pontenova, Cervo y Pol.
La regularización afecta ya a 25.600 inmuebles
- La primera fase del proceso especial de regularización afectó a 25.600 inmuebles en la comunidad gallega, lo que permitió elevar ya la recaudación en catorce millones de euros, dado que a la tasa de 60 euros por cada bien regularizado, se suma el incremento del IBI más los atrasos correspondientes a los últimos cuatro años.La mayoría de los bienes ocultos destapados, concretamente un 35%, son nuevas construcciones, como un garaje, un galpón y, por supuesto, casas de mayor o menor tamaño. Otros 32% se corresponde con ampliaciones, como aumentar una altura la edificación ya existente con una planta bajo-cubierta, aprovechar una terraza para sobre ella levantar una nueva estancia o cerrando un balcón para ganar unos metros cuadrados más de superficie útil.En otro 29%, el inmueble fue sometido a una reforma o a un cambio de uso que alteró su valor y que no fue notificado al Catastro, como arreglar una casa que estaba en ruinas. Y en menor medida, los inspectores detectaron un millar de piscinas de obra que no estaban dadas de alta y por que la no se pagaba el IBI.
