Galicia ha abierto oficialmente la vía para que el Gobierno equipare el suelo de los núcleos rurales al urbano en la normativa que restringirá la capacidad de edificación y obras en las áreas inundables de 135 concellos, así como no fijar como condición la vigencia de un plan urbanístico, pues muchos ayuntamientos gallegos carecen todavía de ese herramienta. Las alegaciones a la normativa estatal argumentan que se trata de una modalidad de suelo propia de la comunidad y que, de no incluir su excepción, quedarían vetadas en el rural gallego construcciones residenciales, infraestructuras e incluso las reformas de edificios ya existentes. Considera "imprescindible" salvar esta tipología de los vetos que contempla la normativa estatal.
A principios de año, el Gobierno comenzó a elaborar un real decreto para regular el riesgo de inundaciones y los caudales ecológicos de los ríos, de obligado cumplimiento para las cuencas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente -del Miño y del Sil en Galicia- y para las autonómicas. Durante la discusión en el marco del Consejo Nacional del Agua, la Xunta ya expuso sus reparos a uno de los preceptos, que finalmente no se modificó. Ahora ha enviado al departamento de Isabel García Tejerina sus alegaciones formales a una norma que podría aprobarse este año.
El documento estatal establece dos niveles de protección de las zonas donde se ha detectado riesgo de inundación. La primera afecta a las de "flujo preferente", es decir, donde más posibilidades existen de crecidas debido a la cercanía de un río. La segunda se refiere a espacios que pueden verse afectados de forma ocasional.
En la última zona, la norma fija condiciones para levantar edificaciones diseñadas para evitar daños debido a las inundaciones, pero es en las zonas "de flujo preferente" donde Galicia ha detectado un cambio con el que no está de acuerdo.
En ese punto, el decreto veta "nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes", así como aparcamientos o cambios de usos "que incrementen la vulnerabilidad frente a las avenidas". Sin embargo, salva el suelo urbano de estas prohibiciones "de acuerdo con el planteamiento urbanístico vigente" en cada municipio.
La Consellería de Medio Ambiente considera que la norma obvia el suelo de núcleo rural y exige en sus alegaciones, presentadas por Augas de Galicia, que se equipare con el suelo urbano para permitir cierto grado de actividad urbanística en él, a pesar de ser catalogado como zona con riesgo de inundaciones. En la normativa autonómica, se permite tanto la construcción residencial como la ligados a actividades agroganaderas.
"Se trata de una clase de suelo muy específica de Galicia sin equiparación en leyes estatales", alega la Xunta, que añade que responde a las "singularidades diferenciales que rodean asentamientos urbanos situados en zonas rurales de Galicia susceptibles de cierto desarrollo urbanístico".
Además, también pide no limitar las excepciones a los concellos que tengan un plan urbanístico. "Entendemos que no debe condicionarse la excepción a los municipios que tengan planeamiento urbanístico, por existir municipios que carecen de planeamiento, pero pueden tener terrenos que reúnan estas condiciones", establecen las alegaciones remitidas al Gobierno central sobre el proyecto de real decreto que modifica el reglamento del dominio público hidráulico aprobado por el real decreto 849/1986 de 11 de abril.
Galicia reclama limitar las obras -nuevas edificaciones o rehabilitaciones- al suelo que "tenga la condición de suelo urbano o asimilado, de conformidad con la legislación de ordenación territorial y urbanística". Esta redacción, entiende Medio Ambiente, cubriría el núcleo rural, cuyo suelo es una categoría "propia de Galicia", y salvaría los concellos que aún están tramitando sus planes.
De hecho, la Lei do Solo que ha aprobado la Xunta, y que necesita solo el visto bueno del Parlamento para su entrada en vigor, trata de facilitar que 52 concellos de menos de 5.000 habitantes puedan dotarse de ese instrumento entre los años 2017 y 2020.
Esa norma autonómica también amplía del 10% al 50% la superficie de un edificio de un núcleo urbano que puede ser rehabilitado, opción que quedaría restringida para las zonas inundables de acuerdo con la citada norma estatal en tramitación.
