Las entidades que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña por presunto fraude en subvenciones, la mayoría relacionadas con el empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado en el caso, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias por parte de la Xunta. En concreto, según consta en el sumario de la denominada Operación Zeta, las asociaciones y empresas se embolsaron 15 millones de euros. La mayoría de las ayudas -12 millones- fueron concedidas por la Consellería de Traballo, dirigida por Beatriz Mato.
La magistrada también imputó en la causa, que se sigue por los delitos de fraude en subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, al presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; al presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño; al director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros; y a tres empleadas de Crespo. La instrucción, no obstante, sigue en curso, por lo que no se descartan nuevas imputaciones.
Las compañías investigadas, según fuentes policiales, recibieron, en total, más de 20 millones procedentes de diferentes administraciones. Los implicados en el "complejo entramado delictivo", según subraya la juez en un auto, actuaban "de forma coordinada" y falseaban los requisitos exigidos por las entidades públicas para conseguir las subvenciones. Una vez que obtenían el dinero, se lo repartían y lo incorporaban a su patrimonio. En muchos casos, las organizaciones ni siquiera contaban con socios, por lo que compraban listas de autónomos para intentar aparentar que tenían representatividad. En el sumario consta que muchos de los cursos, la mayoría dirigidos a autónomos, desempleados y discapacitados, no llegaron a celebrarse. Las intervenciones telefónicas realizadas por la policía también reflejan que, en ocasiones, falseaban las firmas de diplomas para justificar que tenían alumnos en las clases.
Los pinchazos también revelan la "sorpresa" del presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, cuando la Xunta comienza a realizar inspecciones. "Se deduce que hasta ese momento todas las subvenciones recibidas por el grupo de entidades de Gerardo no recibieron inspección alguna, ni se controlaron los requisitos o condiciones que determinaron su adjudicación", concluyen los agentes especializados en delincuencia financiera y fiscal. La investigación muestra la desesperación del imputado cuando el Gobierno gallego, tras detectar irregularidades, le exige la devolución de algunas de las ayudas. Los controles del Ejecutivo gallego, según el sumario, comenzaron en marzo de 2012, cuando la Policía Judicial ya llevaba meses de investigación. De hecho, la causa se abrió entre septiembre y octubre de 2011. La Consellería de Traballo denunció los hechos ante Fiscalía cinco meses después, en marzo de 2012.
El empresario realiza numerosas llamadas y envía mensajes en los que pide ayuda, entre ellos al alcalde, Carlos Negreira, al que le escribe: "Tengo un problema gravísimo y urgente que es una injusticia y me siento indefenso. ¿Cuándo puedo contártelo?".
Según la investigación policial, el cabecilla de la trama tenía un patrimonio de cuatro millones de euros y sus gastos mensuales superaban los 5.000 euros.
El sumario revela quel Instituto Galego de Consumo adjudicó un contrato a una de las empresas de Crespo que fue "amañado". También figura que el empresario tenía encomienda de emplear a la mujer del exjefe territorial de Traballo.
El alcalde herculino niega que adjudicase contratos al cabecilla de la trama
- El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, se desmarca públicamente de Gerardo Crespo, uno de los imputados de la operación Zeta y militante del PP de A Coruña, tras conocerse que un juzgado investiga al empresario por supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas para formación. El regidor asegura que ninguna empresa de Crespo obtuvo contratos con el Concello durante su gobierno. Sí hay contratos anteriores, asegura, por 170.000 euros. El Ejecutivo municipal solo reconoce un contrato de 16.650 euros, otorgado un mes después de ganar las elecciones, pero matiza que el expediente se inició durante el Gobierno PSOE y BNG. En los pinchazos telefónicos incluidos en el sumario de la operación Zeta hay conversaciones recogidas de Crespo en las que presiona a una asesora del regidor para que se le otorguen contratos. La policía sospecha que pudieron existir amaños. El empresario investigado es militante del PP.Según la investigación, Gerardo Crespo ofrecía cursos de formación a otras entidades y pactaba con ellas que les reintegrasen un porcentaje de la subvención que recibían de entre el 10 y el 30 por ciento.
