El segundo intento de investigar lo ocurrido con la emisión de las preferentes y la deuda subordinada en las antiguas cajas gallegas y su banco heredero, junto con las posibles responsabilidades de sus respectivas cúpulas directivas, se queda, de nuevo, a la puerta de los tribunales. La Audiencia Nacional anunció ayer el archivo de la querella presentada por la CIG en la que el sindicato acusaba a los antiguos altos cargos de la creación de "un plan de captación fraudulenta" para financiar las entidades, "en situación financiera deficitaria". El auto elaborado por tres magistrados subraya "la falta de competencia de este órgano judicial para tramitar la denuncia inicial o la posterior querella", en relación a la demanda interpuesta en su momento en los juzgados de Vigo.

Concretamente, porque la querella no reúne los requisitos establecidos en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que marca los asuntos reservados a la Audiencia Nacional. El órgano es competente para "conocer" aquellas situaciones "que puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

La CIG argumentó en el recurso ante el sobreseimiento de la primera denuncia que los hechos "no son iguales". En aquella ocasión se expuso la comercialización individual de los títulos a cada uno de los denunciantes, "sin indicar concretamente a quien se denunciaba", mientras que ahora, según el sindicato, "se imputa a la cúpula directiva de las cajas" esa "ideación y ejecución" del supuesto "plan de captación fraudulenta". La lista de responsables se abría a un total de 79 personas, de la mano de críticas a los gobiernos central y gallego y los organismos supervisores por su "complicidad". La CIG quería así aprovechar el camino abierto por la decisión de los tribunales de investigar las preferentes de Caja Madrid y Bankia.

"La respuesta sigue siendo la misma que la dada en su día por el juzgado", contestan los magistrados en el auto, que desestima el recurso y confirma la resolución recurrida.

Tras conocerse la decisión de archivo, la CIG asegura que continuará adelante con la querella "en el ámbito judicial oportuno". El sindicato nacionalista asegura estar "sorprendida" por el archivo y defiende que el artículo que menciona la propia Audiencia Nacional el que precisamente permite "abordar la gestión de las cajas por el perjuicio patrimonial que supuso para miles de gallegos y gallegas la venta de estos productos y, en consecuencia, al tener un importante impacto en la economía del conjunto del país". La asesoría jurídica de la CIG estudia el caso para volverlo a llevar de nuevo al juzgado de Vigo, "siguiendo el criterio de la Audiencia", como destaca su secretario xeral en una nota de prensa. "Esperamos ahora que por parte de este juzgado de instrucción no se nos diga que tampoco es competente", asegura Suso Seixo.