El estudio de la situación financiera en que han caído las concesionarias de las autovías de O Salnés y Barbanza por el descenso del tráfico y el cálculo del aporte adicional de fondos públicos que inyectará a las empresas que explotan las dos carreteras para evitar su quiebra le llevará a la Xunta más tiempo del previsto. No será hasta después del verano cuando el Gobierno gallego tome la decisión definitiva y cuantifique cuánto dinero tendrá que inyectar.

La idea inicial era hacerlo entre mayo y junio, pero va a resultar imposible, a lo que se suma también como una de las causas de la demora el cambio de titular en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas al abandonar Agustín Hernández para asumir la alcaldía de Santiago.

Tras una revisión de los informes presentados por las empresas concesionarias en los que fijan sus necesidades económicas para salir de los números rojos, Medio Ambiente ha trasladado ahora toda el expediente a la Intervención Xeral de Facenda para que lo analice a fondo. Pero el trámite no es sencillo, según fuentes de la Xunta, porque además de comprobar todas las cuentas -de las empresas, de los ingresos por el tráfico de vehículos y de los gastos, incluidos los de mantenimiento y los financieros-, se debe también evaluar la disponibilidad de fondos públicos y la revisión de los contratos firmados en su día.

En todo caso, lo que está seguro es que habrá una inyección extra de dinero a las concesionarias de las dos autovías como mecanismo para evitar su quiebra. Fue la ahora conselleira, Ethel Vázquez, quien hace un mes confirmó la conveniencia de aportar dinero adicional porque de lo contrario la Xunta tendría que afrontar un rescate de 127 millones de euros.

¿Por qué debe la Xunta inyectar fondos públicos? Porque en los contratos con las dos UTEs que explotan las autovías hay una cláusula que blinda su equilibrio financiero, de forma que la Administración tiene que acudir en su ayuda cuando entren en número rojos.

Y esto es así porque el Gobierno gallego estableció que las empresas recibirían un canon anual en función de la cifra de usuarios y, con esta previsión, las concesionarias hicieron sus cuentas sobre la rentabilidad. Pero la crisis ha sacado los coches de las carreteras y el número de conductores ha resultado por debajo de las estimaciones, por lo que en consecuencia se rebaja la aportación anual de fondos públicos, que a su vez resulta insuficiente para mantener saneadas las cuentas de las concesionarias.

De ahí que las empresas hayan solicitado formalmente una aportación adicional de capital. Y lo que ahora tiene que calcular la Xunta es cuánto dinero debe aportar para alcanzar ese equilibrio financiero, pero sin que ello suponga generar beneficios. Es decir, que el canon sea exactamente lo justo para igualar los gastos.

El pasado año, la previsión inicial de la Xunta era pagar 13,2 millones de euros, pero al final solo pagó 8,5 millones porque los usuarios fueron muchos menos de los estimados Pero la situación de las dos autovías no es igual. Mientras la de O Salnés recibió el pasado año 2,9 millones de euros frente a los 3,5 previstos en los presupuestos autonómicos, la desviación en la de Barbanza es muy superior. La partida programada era de 9,6 millones, de cumplirse la proyección de tráficos, pero se pagaron 5,5 porque la caída del número de usuarios fue muy superior.