La Fiscalía respondió afirmativamente a la pregunta de la instructora de la operación Pokemon sobre si debía elevar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la pieza separada -una investigación específica- que abrió sobre la portavoz del PP, Paula Prado, al apreciar en su comportamiento como concejal del Ayuntamiento de Santiago "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Como Prado es diputada autonómica y por tanto persona aforada, el juzgado de Lugo que lleva la Pokemon puede desarrollar diligencias previas contra ella, pero no la puede imputar, ya que esa competencia es del TSXG. De ahí que para dar ese eventual paso deba elaborar primero una "exposición motivada" con todos los indicios que apunten a una posible imputación y solicitar el visto bueno del fiscal antes de remitir la investigación al alto tribunal gallego para que este tome las riendas de las causa.
La juez Pilar de Lara abrió la pieza separada contra la actual portavoz del PP por un auto del pasado 2 de diciembre y, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía, el fiscal dio ese mismo mes el visto bueno a la petición del juzgado lucense, sobre el que recae la decisión final se llevar o no a Paula Prado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que por el momento aún no ha hecho.
Ante este nueva situación de la diputada -conocida tras entregarse a las partes nuevos tomos del sumario-, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se limitó ayer a expresar "tranquilidad y respeto a la justicia", valoración que también extendió al escenario en que se encuentra el Concello de Santiago, con siete de sus ediles procesados por prevaricación y a la espera de que se dicte sentencia. Ninguna palabra más salió de la boca de Feijóo, que estaba acompañado por el regidor compostelano, Ángel Currás, y por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
El hecho de que Pilar de Lara aún no haya enviado cinco meses después al TSXG la pieza separada sobre Paula Prado podría responder, según fuentes de la Fiscalía, a que la juez aún debe cerrar algunos aspectos de la investigación antes de presentar los "hechos" al alto tribunal en la exposición motivada. Y en este sentido encajaría el auto del 24 de abril de este año, firmado por De Lara, por el que se inició una investigación sobre el marido de Paula Prado, que supuestamente obtuvo beneficios económicos en su actividad profesional valiéndose de la influencia de su esposa en el Concello de Santiago.
Pero aún teniendo todo cerrado, el TSXG no tiene por qué aceptar automáticamente los planteamientos del juzgado de Lugo y bien podría desestimar la causa o reclamar nuevas investigaciones.
En el auto en el que justifica la apertura de una pieza separada sobre Paula Prado, la juez pone el foco en dos actuaciones concretas, en el inflado de una factura en 3.000 euros por la representación del espectáculo La Abeja Maya para beneficiar al empresario compostelano Jesús Fuentes Maceira, y en las "influencias" que habría ejercido, junto con el entonces también edil Albino Vázquez y el concejal Adrián Varela -los dos imputados en la Pokemon- para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles" a los concellos de Santiago y de Boqueixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor".
Otro de los comportamientos supuestamente irregulares atribuido por la juez a Paula Prado es su "influencia" para contratar a determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
Así, habría enchufado a alguna persona en la empresa Sermasa, adjudicataria de la escuela infantil de Salgueiriños, y podría haber intervenido en expedientes de acometida de agua a favor de terceros y de apertura de un local de copas.
