Administración central, gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos, delegaciones del Gobierno, subdelegaciones, ayuntamientos... El adelgazamiento de la Administración que desde hace años reclaman los ciudadanos también lo demandan ahora los políticos. Y no solo PSOE y BNG urgen poner a dieta al mastodonte administrativo, nutrido por más de 70.000 políticos. En el PP surgen voces que advierten de que la solución a la crisis no pasa por una subida de impuestos -vía por la que ha optado, entre otras, el Gobierno de Rajoy-, sino por una reforma “inmediata” de la estructura del Estado.
Alcaldes del Partido Popular en Galicia urgen al Gobierno central que eche mano del lápiz rojo y tache gastos en los presupuestos del Estado y elimine organismos como las diputaciones, el Senado, el Consello Consultivo, el Consello Económico e Social, el Consello Galego da Competencia, el Instituto Galego de Estatística (IGE) o figuras como el Valedor do Pobo. Solo así, sostienen, se podrá lograr un verdadero ahorro de las arcas públicas al evitar que varias administraciones ofrezcan los mismos servicios.
“No se puede pedir a los ciudadanos que se aprieten más el cinturón. Hay que predicar con el ejemplo. No es ético pedir esfuerzos y no hacerlos”, reflexiona el un alcalde popular de la provincia de A Coruña.
En el punto de mira de la oposición y ahora también del PP están las diputaciones, unos organismos con un crecimiento continuo de presupuestos y plantilla que solo en el último año se han visto mermados por los efectos de las crisis. “Hay que acabar con el gasto improductivo, recortar en lo menos imprescindible, ya sean diputaciones u otros organismos”, defiende otro alcalde popular. “¿Es justificable mantener un órgano cuando solo destina un 17 por ciento a subvencionar proyectos de los concellos?”, pregunta otro regidor del PP en alusión a las diputaciones.
El melón que abren ahora los alcaldes populares choca con la postura de la dirección nacional del partido, que pretende darles un mayor protagonismo con la reforma local al imponer a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la cesión de servicios y competencias obligatorios si no pueden prestarlos de manera “eficiente”.
Fractura
¿Cómo se va a evaluar si un ayuntamiento puede o no prestar estos servicios? ¿Por qué a las diputaciones no se les somete al mismo examen de eficiencia? ¿Si no hay financiación para los concellos para que puedan prestar estos servicios, cómo los van a poder garantizar las diputaciones? ¿Con qué finalidad se intenta vaciar de competencias y servicios a los municipios? Son algunas de las preguntas que se hacen alcaldes del PP en Galicia consultados por este periódico. Para algunas tienen respuestas: “En la práctica supondrá una fractura entre el rural y el urbano. No solo provocará la eliminación de ayuntamientos, sino que generará concentración de competencias en la administración autonómica y las diputaciones”. Con el paso del tiempo, auguran, esa concentración de competencias provocará la desaparición del rural.
Los propios alcaldes también se ponen en el disparadero de los recortes. Reconocen que hay un número excesivo de ayuntamientos. “Una ciudad como Nueva York [de 8,4 millones de habitantes], tiene un alcalde. ¿Cómo un territorio como Galicia va a tener 315?”, cuestiona un regidor popular. Su opinión es compartida por compañeros de filas en el ámbito municipal. “Sobran ayuntamientos, Galicia podría quedar perfectamente con un modelo territorial de 200 concellos”, sostiene otro alcalde.
Los regidores del PP en Galicia demandan a los dirigentes de su partido que “escuchen a la calle”. “Hay que dejarse de interés y dar un golpe de timón valiente y decidido para salir de esta situación”. Ahora toca, según concluye, poner a dieta la arquitectura institucional del país.
El primer paso, celebran, ya lo dio el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, al anunciar la reducción del número de diputados en el Parlamento gallego. “Con 61 bastarían”, coinciden los alcaldes. El ejemplo, demandan, debería seguirse en Madrid, con el recorte del número tanto de diputados como senadores e incluso con la supresión de la Cámara alta.
Los munícipes piden mantener el control sobre los interventores
En su comparencia en el Congreso el pasado miércoles día 11, Mariano Rajoy anunció que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender del Ministerio de Hacienda y no ya de los alcaldes. ¿El motivo? Según argumentó Cristóbal Montoro al día siguiente, para devolverles objetividad, independencia y transparencia en el control de los consistorios. Para los alcaldes, esta decisión vulnera la “autonomía local” y les convierte en “entes subsidiarios” al dar un papel “excesivo” a los interventores y secretarios municipales.
“Supone una vuelta a la dictadura”, critica un regidor del PPdeG. “El que gobierna es el alcalde, si quiere gobernar el secretario o el interventor, que se presenten a las elecciones”, añade otro regidor popular.
Los regidores temen una estampida con el recorte de las remuneraciones municipales que plantea el Gobierno
Los alcaldes rechazan de plano la propuesta del Gobierno de Rajoy sobre los recortes de salarios a los cargos electos municipales. Ni los regidores del PP gallego comparten el límite del 0,6 % del presupuesto municipal propuesto por Hacienda para fijar las retribuciones máximas de los miembros de la corporación.
Los regidores, en especial de los municipios de menos de 20.000 habitantes -el 93% de los ayuntamientos gallegos- advierten de que ese tope provocaría una estampida de las alcaldías. Una simple regla de tres revela que la práctica totalidad de los alcaldes de municipios de menos de 10.000 habitantes se quedarían con un partida de entre 12.000 y 18.000 euros para los sueldos de la corporación. En el caso de los de menos de 2.000 habitantes, el presupuesto para nóminas del alcalde y los concejales no llegaría a 5.000 euros.
“¿Quién va a querer ser alcalde por 600 euros?”, se preguntan los regidores. Y por ello, confían en que durante la negociación de la reforma, el Ministerio de Hacienda rectifique el techo del 0,6% y tenga en cuenta la población y la dispersión de cada ayuntamiento como factores para calcular los sueldos.
Los alcaldes piden regular sus sueldos sin tutelas. Ya desde la Fegamp, su presidente y también alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), advirtió hace semanas en declaraciones a este periódico que el Gobierno central puede establecer topes máximos de sueldos, pero que los ayuntamientos podrán “acogerse o no” porque -recordó- las retribuciones de los cargos electos municipales son competencia local”.
