La Consellería de Medio Ambiente remitió ayer a los grupos parlamentarios el documento de bases para elaborar una nueva Lei do Solo con la que se pretende simplificar y agilizar el planeamiento urbanístico de los concellos al sustituir a la actual normativa. Esta nueva ley, de todas formas, se tendría que aprobar en la próxima legislatura porque en ésta no hay tiempo. Entre los cambios que propone la Xunta figura el poder desclasificar suelos urbanizables sin construir €básicamente ubicados en la periferia de las ciudades€ y reconvertirlos en rústicos a coste cero para los ayuntamientos; fomentar la ocupación de solares y bolsas de terrenos sin ocupar en los núcleos urbanos; permitir una mayor edificabilidad en zonas urbanas no consolidadas para compensar los altos costes de urbanización o dejar en manos de las ciudades la competencia para aprobar de forma definitiva sus respectivos planes de ordenación, aunque para ello necesiten un informe favorable de la Xunta.

- Suelo urbanizable. Debido al boom del ladrillo en los últimos años los concellos se apresuraron a clasificar como suelo urbanizable grandes áreas de terrenos ubicadas en la periferia de las ciudades y poblaciones medianas ante la perspectiva de un intenso desarrollo urbanístico que la crisis truncó de raíz. La idea de la Xunta no solo es contener la expansión del suelo urbanizable, por lo que propone que su crecimiento quede condicionado a la evolución demográfica, sino también reducir su actual extensión.

Para ello, aboga por que la nueva ley permita reconvertir en rústico suelo urbanizable sin ocupar y dejando bien claro que los concellos no tendrán que pagar indemnización alguna para realizar estas operaciones. La explicación dada por Medio Ambiente es que por lo general los planes municipales conceden ocho años para desarrollar los suelos urbanizables y que si agotado el plazo no se ha ejecutado desarrollo alguno, entonces los afectados pierden todos sus derechos y ya no pueden reclamar indemnizaciones a los ayuntamientos.

Con esta propuesta, la Xunta quiere frenar el fenómeno de la desocupación de los centros urbanos ante una población que opta irse a la periferia solo porque allí una vivienda resulta más barata.

- Núcleos compactos. En la misma línea, el Gobierno gallego quiere tomar medidas para evitar desarrollos aislados de suelo urbano y apostar por compactar las ciudades, promoviendo la rehabilitación de los cascos históricos y el llenado de las bolsas de solares vacíos para reforzar el suelo urbano con edificaciones dispersas "en detrimento del urbanizable".

Consciente del elevado coste de urbanización que esto supone, la Xunta aboga por incrementar la edificabilidad del suelo urbano no consolidado, para así posibilitar a los promotores unos mayores ingresos con los que hacer frente a las indemnizaciones por construcciones existentes, al realojo de inquilinos o a la conservación de edificios catalogados con algún tipo de protección.

- Aprobación del PXOM. Ahora es la Xunta la que aprueba el PXOM de cada concello, pero Medio Ambiente plantea que las ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan asumir esta competencia, bien por delegación autonómica o con carácter propio. Pero el cambio sería más simbólico que práctico, porque la Xunta tendría que emitir un informe favorable y vinculante antes de que el concello aprobase el plan xeral de ordenación urbanística.

Además, la intención es fijar una plazo máximo para que los ayuntamientos elaboren sus respectivos planes urbanísticos. Si lo incumplen, la Xunta asumirá de oficio su redacción.

- Simplificación de trámites. La Consellería de Medio Ambiente propone simplificar los trámites para aprobar los planes urbanísticos, eximiendo a los concellos de presentar documentación propia de otra administración y rebajando la exigencia de presentar informes medioambientales para determinados procesos.

- Reparto de competencias. Se aboga en el documento de bases por un nuevo reparto de competencias, donde la Xunta, "en diálogo" con los concellos, intervendría más en el "como se hace" de los planes urbanísticos. Medio Ambiente sostiene que el control del Gobierno gallego sería más o menos como el actual, utilizando instrumentos como el Plan del Litoral o las Directrices del Territorio para encauzar los planeamientos. La Xunta quiere además asumir la supervisión del cumplimiento de las normativas sectoriales del Estado en carreteras, ferrocarriles, costas o telecomunicaciones.

- Autocrítica. En su exposición de motivos, la Consellería de Medio Ambiente realiza una profunda autocrítica del urbanismo gallego, por la complejidad para aplicar la actual Lei do Solo por ser prolífica en exceso y muy rígida en su aplicación, por la inoperancia y lentitud del planeamiento municipal, por el exceso de regulación que atenta contra la seguridad jurídica, la falta de calidad de los planes urbanísticos, la ineficacia de la fase de exposición pública o la exigencia de numerosos informes, algunos por duplicado, que hacen de la aprobación de los instrumentos de planeamientos una auténtica "carreras de obstáculos".

- Parlamento. La Xunta envió el documento de bases al Parlamento para que ahora sean los grupos lo que a partir de estas líneas generales elaboren una nueva Lei do Solo. En esta legislatura ya será imposible, pero los grupos pueden ir avanzando para dejar el trabajo encarrilado para la próxima.