La aprobación final del Plan de Ordenación do Litoral (POL), con las cifras ya definitivas, obliga a la mayor parte de los concellos costeros de Galicia a replantearse sus previsiones de crecimiento urbanístico en la franja más próxima al mar. En unos la afección será mínima, pero en otros el impacto será notable. Así, en diecisiete ayuntamientos el POL determina la paralización de toda la superficie que los concellos tienen catalogada como urbanizable, es decir, aquélla reservada para desarrollos urbanísticos futuros. Eso sí, estos ayuntamientos podrán autorizar nuevas construcciones en las áreas ya ocupadas, las clasificadas como suelo urbano consolidado y el no consolidado. Pero en el resto ni un solo metro cuadrado se salva del bloqueo urbanístico.

La salida que les da la Xunta para autorizar el desarrollo urbanístico es que se adapten a las determinaciones que establece el plan. En unos casos las reformas serán puntuales, como que reduzcan la previsión de área ocupada por la construcción, que ésta se adapte al relieve del terreno, que se mejore el trazado viario o se cuiden aspectos medioambientales, como la canalización de aguas pluviales o los pasos sobre cauces de ríos. En otros los municipios deberán reformar su plan general, lo que implica un trámite más complejo y en el resto, la mayoría, son simplemente reservas de suelo sobre los que no se ha hecho todavía gestión alguna y que la Xunta confía en que, finalmente, las alcaldías desistan de mantenerlos como terrenos urbanizables.

De estos diecisiete ayuntamientos, cuatro pertenecen a la provincia de Pontevedra (Catoira, Oia, Tomiño y Vilanova de Arousa), diez a A Coruña y tres a Lugo. Además, otros once municipios verán recortadas sus perspectivas de crecimiento en más del 95% de la superficie más próxima al mar regulada por el Plan del Litoral, entre ellos los de Vilagarcía, Nigrán, Meaño y Bueu, todos ellos en la provincia de Pontevedra.

La superficie total vetada en Galicia a la construcción –9.625 hectáreas de costa– se reparte de forma muy desigual entre los distintos concellos. De hecho, apenas cinco municipios acaparan el 51,6% de los terrenos en los que Medio Ambiente no permitirá edificar hasta que se adapten el POL. Ponteceso lidera el ranking, ya que 1.505,75 hectáreas urbanizables en su costa quedarán bloqueadas, al que siguen Sanxenxo (1.145), Vilagarcía (1.113), Fene (658) o Cervo (543). No obstante, en siete de cada diez, el área paralizada no llega a las 100 hectáreas.

De los 17 concellos más damnificados por las incompatibilidades detectadas en el Plan de Ordenación do Litoral, diez pertenecen a la provincia de A Coruña: Ares, Arteixo, Cabanas, Carballo, Cee, Muros, Muxía, Oleiros, Outes y Rianxo. Especialmente llamativos son los casos de Muros, Outes y Oleiros, tres de los diez únicos municipios en toda Galicia que ya tienen adaptado su planeamiento a la Lei do Solo de 2002 y que, sin embargo, verán vetada la construcción en el 100% de la superficie que tenían calificada como urbanizable.

El matiz hay que buscarlo en el tipo de superficie que se paraliza en estos tres concellos, parcelas de suelo rústico alejadas del núcleo principal del municipio que se reservaron en su día en previsión de futuras necesidades de crecimiento pero sin concretar con qué fin. La propia indefinición de los ayuntamientos sobre el uso que pretenden dar a este tipo de parcelas hace que el impacto de la paralización sea menor ya que no se trata de suelos especialmente atractivos para los constructores por estar alejados de las zonas ya urbanizadas.

El Ayuntamiento de Vigo es otro de los que tiene aprobado un plan general adaptado a la Lei do Solo, pero el POL le bloquea ocho hectáreas que todavía están sin delimitar ni definir por la Alcaldía.