La alcaldesa de Cangas se expone a pagar 500 euros de su bolsillo como multa por los 696.452 euros que adeuda su Ayuntamiento. Se trata de varios pagos pendientes con la empresa Seragua–FCC por facturas entre 2002 y 2003, cuando Clara Millán no gobernaba. Ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha impuesto una sanción coercitiva si antes del día 27 no se aclaran los impagos que la empresa reclamó por vía judicial.
Se trata del primer caso en la provincia de Pontevedra de una alcaldesa amenazada de multa por las deudas de su Ayuntamiento. Antes fue el turno de los regidores lucenses de Mondoñedo y Ribadeo.
La Sala de lo contencioso-administrativo del TSXG ha enviado un escrito a la alcaldesa de Cangas advirtiéndole de que le impondrá dicha multa –"al funcionario o encargado de su cumplimiento", dice textualmente– si el Concello no da explicaciones convincentes del estado de ejecución de la sentencia antes del próximo día 26, fecha en que termina el plazo para el pago de la sanción. Se trata del primer apercibimiento de sanción que tendría que asumir personalmente la regidora del BNG, que, paradójicamente, lleva varios meses sin cobrar del Ayuntamiento tras el acuerdo plenario promovido por la oposición –PP, Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y una concejal no adscrita– para retirarle el salario.
La advertencia del TSXG responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Temporal de Empresas Seragua–FCC contra el silencio administrativo a las reclamaciones de 7 de diciembre de 2001, así como del 25 de enero, 14 de abril y 30 de julio de 2002, que suman 696.452,07 euros. En aquellas fechas gobernaba el PP.
El TSXG fijó un mes de plazo para solucionar el pago en un escrito fechado el 22 de septiembre y que llegó al Concello cinco días después. Debe dar respuesta como muy tarde el día 26.
La causa de que los alcaldes se enfrenten a esta situación radica en el ahogo financiero de los Ayuntamientos, que cada vez retrasan más los pagos a proveedores y empresas para hacer frente a las nóminas.
Cansados de reclamar, incluso durante años, el pago de las facturas pendientes, los empresarios han empezado a exigir por vía judicial estas deudas. Y la Justicia ya ha emitido las primeras resoluciones para reclamar a los regidores que aceleren las devoluciones, apremiándolos con amenazas de multas personales.
La última sanción coercitiva es la impuesta a Clara Millán, pero la primera fue al alcalde de Mondoñedo. Media docena de empresarios llevaron a los tribunales a este Concello por retrasos en sus pagos. La Justicia les dio la razón a la mayoría exigiéndole a su regidor que liquidase sus facturas pendientes. De no hacerlo, amenaza con imponerle una multa de 1.200 euros. A ésta se suma otra al regidor de Ribadeo.
Estas decisiones provocaron el rechazo de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Su presidente, Carlos Fernández, señaló entonces que era "una afrenta al municipalismo" y propuso crear un seguro de responsabilidad colectiva para evitarlos.
