Sin excepciones. Obligada por la Unión Europea, la Xunta impondrá el canon del agua a todos los hogares gallegos. Nadie quedará exento de pagar esta tasa que grava el consumo de agua y que hasta ahora abona el 77% de la población gallega. Esto supone que cuando entre en vigor, posiblemente el próximo año, unos 632.000 gallegos -unas 200.000 familias- también tendrán que pagarlo y además instalar en la mayoría de los casos un contador para controlar el consumo. Da igual que el agua proceda de pozos o manantiales privados o que la red de suministro fuera construida y financiada por los vecinos. Todos ellos, hasta ahora libres de pagar el canon, tendrán que saldar cuentas con la Administración autonómica.

Según datos de la Consellería de Medio Ambiente, actualmente no abona este canon -llamado de saneamiento- un 23% de la población: un 10% recibe el agua a través de traídas vecinales y otro 13% se autoabastece mediante pozos o manantiales privados. Como en ningún caso ninguno de estos hogares dispone de contador, la Lei de Augas de próxima aprobación por la Xunta obligará a instalarlos para poder controlar el consumo doméstico, aunque para determinados casos se eximirá de disponer de contador y el consumo se calculará por estimación objetiva. Este método está pendiente de concretar, pero básicamente consistirá en fijar un volumen mínimo con el que se consideren cubiertas las necesidades básicas de un hogar.

¿Por qué se hace ahora universal la aplicación de este canon? El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aseguró ayer que la Xunta está obligada por la Directiva Marco del Agua de la UE, que impone gravar, sea cual sea el modo de captación, el uso de los recursos hídricos con un tasa finalista que se destinará a garantizar e suministro y la depuración del agua. Y esto implica extender el canon a esos 630.000 gallegos que nunca han recibido un euro de financiación pública para construir sus traídas o captaciones.

Consciente de este agravio, la Xunta aplicará a estos usuarios una sustancial reducción del canon, del 80%, que tendrá vigencia mientras no se conecten e las traídas municipales. Con este descuento, un hogar de tres de miembros y con un consumo máximo de 6.000 litros al mes tendría que pagar 40 céntimos mensuales. Para el resto de las familias con la misma composición, el mismo consumo y que dispongan de traída municipal, este canon quedaría en 2 euros.

Esta tasa -que adquirirá una nueva definición en la futura Lei de Augas, sustituirá al canon de saneamiento y establecerá una tarificación por tramos-, supondrá por término medio una rebaja, con respecto a lo que ahora pagan, para un tercio de las familias gallegas, pero para los dos otros tercios significará un incremento de doce euros al año.

Tarifa barata

Así y todo, Agustín Hernández aseguró que Galicia será la segunda comunidad con el canon más barato del conjunto de las comunidades autónomas.

En su dictamen sobre la Lei de Augas, el Consello Económico e Social de Galicia no lo cuestionaba, pero reclamaba a la Xunta una “reflexión” sobre la conveniencia de extender la aplicación del canon en una situación de crisis. Ante este pronunciamiento, el conselleiro de Medio Ambiente aseguró que su aplicación es progresiva -en función de los consumos-, que no es nuevo, puesto que sustituye al de saneamiento, que incentiva el ahorro y que además es una obligación impuesta por la Unión Europea.

El proyecto de la Lei de Augas será aprobada por el Consello de la Xunta el próximo mes de junio y posteriormente remitida al Parlamento para su tramitación, por lo que podrá ser aprobada a finales de este año o a principios del próximo.