La Consellería de Medio Ambiente se ha dispuesto a poner fin a las disfunciones que existen en el funcionamiento de las redes de saneamiento y depuración de aguas residuales de los ayuntamientos gallegos y que provocan el setenta por ciento de los vertidos a los ríos y al mar. Para ello exigirá a los municipios que mejoren sus redes de alcantarillado, siempre y cuando las obras sean técnicamente viables, y los obligará además a endurecer los controles sobre los vertidos, una tarea que muchos concellos gallegos ni siquiera realizan.
Aunque la Xunta es la responsable de vigilar los focos de contaminación que se producen en el mar y los ríos de la demarcación Galicia-Costa, son los ayuntamientos los que deben controlar los vertidos que los domicilios particulares y las empresas realizan al alcantarillado municipal y asegurarse de su correcta depuración y tratamiento. El problema es que en muchos municipios ni siquiera tienen sistemas de depuración y la mayoría tampoco disponen de ordenanzas municipales para controlarlos.
Por esa razón, a raíz de la elaboración de la Lei de Augas que prepara el Gobierno gallego, Medio Ambiente está tramitando un "reglamento de prestación de servicio público de depuración de aguas residuales urbanas", al cual deberán adaptarse todas las redes de saneamiento tanto existentes como futuras.
El contenido de este reglamento se plasma en un borrador que define cómo debe estructurarse la red de alcantarilla, cuál debe ser el procedimiento para autorizar vertidos, catalogando qué tipo de sustancias estará prohibido derivar al alcantarillado, y estableciendo los controles y sanciones correspondientes por vertidos no autorizados.
El objetivo es garantizar que las aguas residuales industriales que van a parar a las redes de saneamiento cumplen con los límites establecidos y de esta manera se puedan tratar correctamente en las depuradoras. De hecho, el mal funcionamiento de las EDAR es la causa que suele estar detrás de la mayoría de los vertidos que al final contaminan los ríos o el mar.
Para conseguir este propósito la Xunta exigirá, por un lado una serie de mejoras técnicas en las canalizaciones. Por ejemplo, allí donde técnicamente sea posible, los concellos deberán contar con una doble red de desagüe y bajantes con el fin de no mezclar las aguas residuales con las aguas pluviales.
Además los ayuntamientos deberán garantizar que todo aquel establecimiento que vierta a la red aguas residuales industriales instale una arqueta, antes del punto de acometida al sistema, que servirá para la obtención de muestras y medición de los caudales. Este depósito deberá registrar la cantidad exacta del vertido y la analíticas serán enviadas periódicamente al ayuntamiento. Según dicta la normativa, el concello deberá supervisar que la empresa realiza la correcta conexión a la red de saneamiento y emitir un certificado de validez.
Cada vertido industrial estará sometido a la autorización del ayuntamiento y éste deberá controlar además que las aguas que vierte al alcantarillado están dentro de los parámetros marcados.
El reglamento que tramita la Xunta servirá de "guía" para que después cada ayuntamiento elabore sus normativas municipales. Cuando estas ordenanzas entren en vigor, las empresas tendrán seis meses para la instalación de la arqueta de control.
La ordenanza propuesta por la Xunta advierte además de que será obligatorio para los vecinos conectarse a la red de saneamiento cuando posean alcantarillado a menos de 200 metros. En caso contrario, deberán estar provistos de sistemas autónomos que no supongan riesgo para el medio ambiente.
