Galicia se ha convertido en el gran coladero de las redes que trafican con mujeres en España. Las víctimas viajan como turistas, pero a los tres meses pasan a una situación de irregularidad en la que el miedo a ser expulsadas a su país o las amenazas de las mafias que las obligan a ejercer la prostitución les impiden presentar una denuncia. Ante esta situación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el fiscal superior, Carlos Varela, suscribieron ayer un protocolo de actuación, pionero en España, con el objetivo de proteger a las mujeres que denuncien a las mafias que trafiquen con ellas. La recompensa: un permiso de residencia que permita la regularización de su situación en el país.
En la firma del acuerdo, el fiscal jefe situó a la comunidad gallega como "puerta de entrada" para las organizaciones mafiosas que explotan sexualmente a mujeres. "Parte de las rutas utilizadas por los traficantes para el transporte de sus víctimas tienen como punto de entrada en la Península los aeropuertos gallegos", advirtió Varela haciéndose eco de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Esta situación ha provocado un refuerzo en el control de los vuelos procedentes de otros países rumbo a las terminales de Alvedro, Peinador y Lavacolla. Las víctimas de estas mafias suelen viajar a través de terceros países del territorio Shenguen para evitar vuelos directos a aeropuertos gallegos.
Según advirtió el fiscal superior, esta actividad delictiva "aprovecha las corrientes migratorias internacionales y genera ganancias exorbitantes", por lo que –alertó– se está convirtiendo en la actividad criminal de "mayor crecimiento en la Unión Europea".
Protocolo
Entre 8.000 y 10.000 mujeres ejercen la prostitución en la comunidad gallega, según datos de la asociación Alecrín. Entre el 90 y el 95% son extranjeras, en su mayoría procedentes de Brasil –uno de los pocos países de Suramérica al que no se le solicita visado de entrada en la UE– y Rumanía.
Aunque la mayoría de las mujeres identificadas en las distintas operaciones policiales practicadas en Galicia tienen papeles, bien porque proceden de países de la UE o porque llegaron a regularizar su situación en España, hay un porcentaje –que la Fiscalía no llegó a cuantificar– que continúan sin papeles. Y es que la mayoría de las inmigrantes que ejercen la prostitución en España salen de su país con un billete de ida.
Sometidas a las amenazas de las mafias que las trasladaron a Galicia y que también tienen en el punto de mira a sus familiares en el extranjero, las víctimas de explotación sexual no se atreven a denunciar a las redes que las trajeron a España con la promesa de un trabajo legal. Este silencio provoca que los pocos procesos penales abiertos en Galicia por tráfico de personas para explotación sexual concluyan sin una sentencia condenatoria para los integrantes de estas organizaciones mafiosas. Para atajar esta situación, Xunta y Fiscalía firmaron ayer un protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual con el que pretende que las víctimas se "sientan seguras" tras denunciar a "las mafias que las esclavizan".
En su intervención, Feijóo destacó que entre los "objetivos principales" del acuerdo se encuentra "agilizar" la aplicación de "todos los beneficios de protección" para aquellas mujeres que decidan colaborar con la Justicia.
Por su parte, el fiscal superior advirtió de que para combatir esta actividad no basta con su tipificación como delito si, al mismo tiempo, no se reconoce "la condición de víctimas a las mujeres que la sufren". Tras la firma del protocolo, Carlos Varela alertó de que, según los informes policiales, la "presión" de las fuerzas de seguridad en Galicia sobre la prostitución en la calle y en los clubs de alterne provocó el desplazamiento de la actividad de las redes de explotación a viviendas privadas.
La práctica totalidad de los procesos penales abiertos en Galicia contra redes de trata de blancas concluyen sin sentencia condenatoria por falta de colaboración. En 2009, según un informe de la Jefatura Superior de Policía, en la provincia de A Coruña tan sólo fue desarticulada una banda dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
