El responsable de Política Lingüística es consciente de que no tiene entre manos una tarea fácil: convencer a la masa crítica de que la derogación del actual decreto del gallego es la mejor vía para implantar un modelo lingüístico que contente a todos, "que no implique imposiciones y que aporte libertad a los ciudadanos para expresarse en el idioma que deseen". El panorama del debate lingüístico en la comunidad se ha encrudecido, tal y como han puesto de manifiesto las miles de personas que salieron a la calle el domingo al considerar que el actual Gobierno "ataca e infravalora la lengua gallega".
"Soy muy respetuoso con la gente que se manifiesta, está en todo su derecho. Tomamos nota de la protesta. Pero quiero aclarar que nuestro Gobierno sigue tan implicado como el primer día con el asunto del idioma, conscientes de que nuestras prioridades y ritmos no coinciden con los de la oposición política ni con algunos colectivos", sostiene Lorenzo: "Las fuerzas políticas están transmitiendo la idea de que queremos cargarnos todo lo que tenga que ver con el gallego y no es cierto. Queremos que todo el mundo esté cómodo en la lengua en que decida hablar, sin imposiciones". Preguntado sobre la supresión de las ayudas a la traducción al gallego de obras literarias, sobre las subvenciones a los equipos de normalización lingüística de los colegios o la eliminación de la obligatoriedad de realizar la prueba de gallego en las oposiciones tras la reforma de la Ley de Función Pública, el secretario xeral advierte que hay "inexactitudes" en los mensajes. "La supresión de las ayudas no es tal. Debido a la crisis les hemos pedido a los centros que esperen a enero para recibir las partidas para normalización, pero las tendrán. Lo único que puede ser cuestionable es la supresión del examen de gallego en las oposiciones. Decidimos volver al modelo anterior, pero, de todos modos, los opositores tienen que acreditar dominio de la lengua con los certificados CELGA 3-4 o haciendo una prueba del idioma", defiende. Lorenzo sostiene, contra los argumentos de PSdeG y BNG, que el anterior decreto del gallego no fue aprobado por unanimidad. "El PPdeG se abstuvo; es más, había un informe del consello consultivo que ponía en duda algunos puntos. Ahora fijaremos una enseñanza trilingüe. ¿Segregación por idiomas? Rotundamente no; no podemos ofrecer una educación a la carta", concluye el secretario xeral.
