El artículo 200 de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (Louga) es rotundo: "Los ayuntamientos deberán regular mediante ordenanza municipal el deber de inspección periódica de las edificaciones para determinar su estado de conservación". Ninguno se libra, ni ningún inmueble queda exento de pasar el chequeo periódico para analizar su seguridad y evitar disgustos como los que, de vez en cuando, se viven en los cascos históricos de los municipios de la comunidad. Pues desde que entró esa normativa en vigor pasaron casi seis años y las cosas poco han cambiado. De los 315 concellos, sólo cuatro tienen regulada la denominada Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). Son Vigo, Cangas, A Coruña y Lugo. El de Santiago y el de Ferrol andan en ello. Aunque tener unas directrices en papel tampoco significa que se lleven a la práctica.

Vigo se adaptó a la Louga el 1 de abril de 2005, con la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la Inspección Técnica de Edificacións. Entró en vigor meses después, el 1 de enero del año siguiente. Como marca la ley, las revisiones dependen de la antigüedad de los inmuebles, y obligatoriamente están incluidos los que superan los 50 años. Actualmente, según fuentes del Concello, están en revisión los construidos entre 1941 y 1946. De media, a la semana, se firman unos 80 expedientes, 320 al mes.

Para mejorar el servicio, el Gobierno vigués tiene un convenio con el Colegio de Arquitectos de Vigo al que sólo le queda la firma. Está aprobado, pendiente de pasar por la Gerencia de Urbanismo. Este mismo año, el Concello aprobó ayudas para las ITE subsidiarias, aquellas que tienen que correr a cargo del propietario, ante una posible falta de medios.

El caso de Cangas es bien distinto. Tiene ordenanza para la ITE desde febrero de 2006. Pero no se lleva a la práctica, según confirman fuentes municipales. Hay dificultades para ponerla en marcha por falta de medios. Desde Urbanismo "tienen la intención", pero parece que no es suficiente.

Normativas generales

En A Coruña, se plantearon por primera vez tomar cartas en el asunto en 2002. Con el ejemplo de varias ordenanzas de otros ayuntamientos españoles, la suya salió a la luz el 15 de marzo mediante una normativa sobre la conservación de los edificios y las ruinas, con un capítulo íntegramente dedicado a las inspecciones. La primera fase se realizó en los barrios de la Ciudad Vieja y Pescadería, y en una segunda se abrió el abanico a tres nuevas áreas con un cambio en la ordenanza hasta entonces en vigor por otra que regula la conservación y rehabilitación.

Algo parecido ocurre en el caso de Lugo. La ordenanza salió de una normativa más amplia para regular la conservación y la rehabilitación. Fue la primera ciudad en tener ITE, en marzo de 2003, casi obligada por los numerosos edificios catalogados que tiene y los que se ubican en el entorno de la Muralla, de la que está muy atenta la Unesco tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Un arma de doble filo, porque el nombramiento le sirvió para hacerse con una subvención europea que permitió realizar inspecciones sin ningún gasto para los propietarios de los edificios.

Y paramos de contar. Los otros 311 ayuntamientos gallegos no cuentan con ordenanza. ¿A quién le corresponde exigírsela? Desde la Consellería de Política Territorial aseguran que es una responsabilidad de los propios concellos, que el departamento no tiene potestad para nada más que recordarles que la ley está para cumplirla. Y ponen un ejemplo: es lo mismo que ocurre con la adaptación de los planes urbanísticos municipales, también recogidos en la Louga, popularmente conocida como la lei do solo. Son pocos los que a estas alturas pueden presumir de tener los papeles en regla. Eso sí. "Cualquier administración y cualquier ciudadano puede denunciar la situación", aseguran.