La derogación de la prisión permanente revisable, una de las iniciativas legales más contestadas del Gobierno de Rajoy desde su introducción en 2015, dio ayer un nuevo paso al prosperar en el Congreso una proposición del PNV. PP y Ciudadanos trataron sin éxito de frenar el proceso con sendas enmiendas, la de los populares para ampliar los supuestos de aplicación de la pena y la de la formación naranja para endurecer los permisos penitenciarios a quienes se les imponga esa condena.
El debate parlamentario de ayer se desarrolló en términos ásperos por el contexto, bajo el impacto del asesinato reciente del niño Gabriel Cruz, y con los padres de Diana Quer y Mariluz Cortés, entre otros, en la tribuna del público. No existe "ninguna razón" para derogar la prisión permanente revisable, afirma el presidente Rajoy, para quien el avance parlamentario en esa dirección "no es una buena noticia para ningún español".
"Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel, no está ahí el problema", sostuvo en el Pleno el portavoz del PSOE para asuntos de Justicia, Juan Carlos Campo. Los socialistas mostraron la inoportunidad del debate en las actuales circunstancias y, al igual que otros grupos, reprocharon a PP y a Ciudadanos la utilización de las víctimas con objetivos electoralistas.
Por el PP, José Antonio Bermúdez de Castro defendió la prisión permanente como forma de "protección de los más vulnerables de los crímenes más reprobables". Bermúdez de Castro sostuvo que esa pena cuenta con amplio respaldo social al apuntar que "en esta causa justa no estamos solos, sabemos que esta opción la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española". Eduardo Santos, de Unidos Podemos, rechazó el argumento del "clamor social" de los populares al señalar que "no existen víctimas como masa, sino que son individuales con ideologías diferentes, reacciones diferentes y que defienden posturas diferentes". "No derogar en caliente" fue la petición de Juan Carlos Girauta, quien defendió la enmienda de Ciudadanos para endurecer el acceso al tercer grado con el objetivo de "reforzar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas" .
Al final, la proposición de ley de los nacionalistas vascos superó su segundo debate de totalidad en el Pleno de la Cámara. La primera ocasión fue en octubre pasado y, desde entonces, Ciudadanos modificó su postura, algo que ayer le reprochaba el PP, que pasó de la abstención de entonces a la oposición de ahora.
Los 178 votos que sirvieron para rechazar las enmiendas no garantizan, sin embargo, que la derogación llegue a término en el largo proceso que ahora se abre. Quedan por delante al menos diez debates en distintas instancias, la primera en la comisión de Justicia del Congreso y la propuesta del PNV todavía tendrá que volver al Pleno de la Cámara, algo que PP y Ciudadanos están en condiciones de impedir con su mayoría en la Mesa. La supresión de la prisión permanente tiene que someterse además al Senado, donde los populares ostentan la mayoría absoluta. La decisión final dependerá de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la adecuación a la Carta Magna de esa fórmula punitiva, que incumpliría el precepto constitucional de evitar las penas inhumanas, según el manifiesto suscrito por más de un centenar de catedráticos de derecho penal.
