"Buena noticia, no todo iba a ser plasma", dijo ayer el líder electo del PSOE, Pedro Sánchez, tras saber que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que acudir en persona a la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio para declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel y no podrá hacerlo por videoconferencia, tal como él y el PP habían solicitado al tribunal que juzga la primera época (1999-2005) de la trama corrupta.
Rajoy recibió la decisión final de los jueces mientras celebraba en Vila Real (Portugal) la segunda jornada de la cumbre hispano-lusa con el primer ministro del vecino país, António Costa. Pero a la pregunta de un periodista se limitó a responder: "Estoy a los que dispongan los tribunales".
No obstante, la titular de la cartera de Defensa, Dolores de Cospedal, que también asistía a la cumbre, no ocultó que la decisión del tribunal le causa cierta extrañeza. La ministra cree que hay precedentes que indican que Rajoy podía haber prestado testimonio por videoconferencia.
Así lo hizo, recordó Cospedal, el expresidente catalán Artur Mas cuando declaró en el juicio por el asalto al Parlament en 2011. Pero no sólo ella recordó ese precedente; también lo hizo el presidente del tribunal de Gürtel, Ángel Hurtado, en el voto particular que emitió para dejar constancia de su oposición a la decisión de sus dos compañeros: José Ricardo de Prada y Julio de Diego.
Con todo, el PP recibió con "normalidad absoluta" la decisión del tribunal. El PSOE, por su parte, la ve "ajustada a derecho" y "dentro de la normalidad democrática".
En el auto en el que comunica su decisión, la sección segunda de la Audiencia razona que Rajoy debe acudir en persona a testificar porque lo hace como un ciudadano más, no como presidente del Gobierno, y no ve "consistentes" los motivos alegados por el partido para pedir la videoconferencia (entre ellos, las medidas de seguridad que sería necesario tomar o lo apretado de la agenda del jefe del Ejecutivo).
"La comparecencia de los testigos ante el tribunal siempre ha sido y es una comparecencia física" y solo se pueden hacer excepciones cuando concurren "razones que impidan al testigo acudir (razones de fuerza mayor)".
El auto, redactado por el juez De Diego, rechaza el argumento de Rajoy de que desplazarse hasta la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares significaría un despliegue de recursos públicos.
El auto, finalmente, desmonta las razones de seguridad aducidas por el PP diciendo que la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares tiene muchas más medidas de seguridad "que las existentes en mercados y otros foros populares donde el testigo también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales".
