La Junta de Andalucía acusó por primera vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE por la ayuda de 3,2 millones concedida en el 2003 a la empresa Aceitunas y Conservas, y pide que le imponga una pena de seis años y medio de prisión y una multa de 817.180 euros.
Tras ser procesado por el juez de instrucción Álvaro Martín en esta pieza de los ERE, los abogados de la Junta han pedido que se abra juicio oral contra el exconsejero, así como contra los ex directores generales de Empleo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y otros seis acusados más.
