Más de 30.000 pacientes con la boca a medias y el tratamiento pagado, un caos contable y un fundador acusado de un fraude mayúsculo. Es lo que se encontraron Senén Touza, Santiago Hurtado y el resto de su equipo (de la auditora Deloitte) cuando llegaron a Vitaldent después de que, en marzo, la Audiencia Nacional confiara en ellos la gestión de este castillo de naipes. Es casi el mismo grupo de profesionales que pilotó la mayor quiebra de la historia empresarial española de una compañía no inmobiliaria: Pescanova. Y, como consiguieron en Chapela, han evitado una quiebra. Lo han vuelto a hacer.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta de la mayor cadena de clínicas dentales del país por 18,5 millones, lo que da por terminada la misión de Deloitte. El auto judicial conocido ayer valida la transacción de Vitaldent a JB Capital Markets, presidida por Javier Botín (hermano de la presidenta de Banco Santander), quien tendrá el 70% del accionariado. Otro 25% pasará a manos de Intermediate Capital Group (ICG), mientras que el 5% restante será para socios minoritarios. El acuerdo incluye la inyección de 40 millones de euros en el grupo, valorado en 350.
La gestión de Touza (natural de Marín) y Hurtado se ha caracterizado por un perfil acusadamente bajo a fin de no alarmar a los usuarios y causar un problema de salud pública. Es lo que probablemente habría pasado si Vitaldent hubiese caído de forma desordenada, con esos 30.000 pacientes con el tratamiento sin terminar (y pagado). El grupo tenía además 2.000 empleados directos y más de 5.000 contando con los franquiciados, por debajo de las cifras de Pescanova (roza ahora los 12.000 trabajadores en todo el mundo), pero con una estructura aún más atomizada. Esta estrategia ha permitido además disipar las dudas de los nuevos clientes y, según han indicado desde el sector, Vitaldent ha recuperado casi los niveles precrisis.
Touza y Hurtado arribaron a Chapela (donde estuvieron más de dos años) para deshacer un tremendo entuerto: multinacional en concurso, más de 3.500 millones de deuda, las filiales a punto de estallar y unas cuentas que hacía años que llevaban años siendo ficción. En cuatro meses (entre junio y septiembre de 2013) firmaron más de treinta acuerdos stand-still (como pactos de no agresión) con otros tantos bancos de todo el mundo para preservar el grupo intacto. A excepción de la liquidación de Acuinova SL, la pequeña filial andaluza, su travesía en Pescanova culminó sin despidos.
