El consejo de administración de Pescanova ve con buenos ojos la propuesta alternativa del colectivo de accionistas minoritarios para la ampliación de capital (que permitiría a los socios llegar al 20% del capital de la Nueva Pescanova, frente al 5% previsto), pero reconoce que el plan, sin el apoyo de los principales bancos acreedores (el grupo conocido como G7), podría "exponer al grupo a un escenario de incertidumbre y confrontación impredecible". Para evitar riesgos, el consejo emplazó ayer a través de un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a acreedores y accionistas a alcanzar un acuerdo que respete la "integridad" de la multinacional pesquera y la blinde del "riesgo de liquidación". Fuentes próximas al G7 recalcaron por su parte que el único proyecto que da "viabilidad y futuro" a Pescanova es el recogido en el convenio de acreedores.
El plan B del colectivo de accionistas minoritarios (AMAP) ha arrojado nuevas dudas sobre el resultado de la junta general convocada para los días 28 y 29 de septiembre, en la que se abordará el proyecto de fusión y doble segregación que permitirá la creación de la Nueva Pescanova. Los minoritarios (103 socios titulares del 6,3% del capital social) lograron introducir el martes una propuesta alternativa al punto 3 del orden del día de la junta, que afecta directamente a los términos de la ampliación de capital, en la que plantean reducir el importe de la operación (las entidades aseguradoras y los acreedores tendrían que abonar 9,75 millones, frente a los 46,32 previstos), lo que permitiría a los accionistas actuales quedarse con el 20% de la nueva sociedad, frente al 5% recogido en el convenio, como avanzó FARO ayer.
La propuesta es similar a la efectuada por el consejo de administración este verano, retirada en agosto por el rechazo frontal del G7. El propio consejo reconocía ayer que la propuesta "adolece del mismo defecto que hizo que el consejo desistiera de presentar la suya a la junta", ya que sin el acuerdo de los acreedores principales, (Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank y UBI Banca), "se podría exponer al grupo a un escenario de incertidumbre y confrontación impredecible". "Este consejo exhorta a las partes, accionistas y G7, a alcanzar un acuerdo por el cual se apruebe la ampliación, bien según el texto de la propuesta del consejo, o bien según el texto de la propuesta de los accionistas", recoge la nota enviada a la CNMV, que subraya la necesidad de respetar "en todo caso" la integridad del grupo Pescanova y "sin promover en ningún caso medidas por parte de unos y otros que pudieran plantear un riesgo de liquidación".
El consejo hizo públicos también ayer los dictámenes de dos catedráticos de Derecho Mercantil, Juana Pulgar Ezquerra y Juan Sánchez, que habían sido encargados para valorar la propuesta alternativa que formuló el propio consejo en su día y que finalmente no presentó, y que concluyen que los cambios en la ampliación de capital no implican incumplir el convenio. La propuesta se fundamenta en el hecho de que los fondos propios que Pescanova aportará a la nueva sociedad en virtud de la segunda segregación serán más de 100 millones de euros que no estaban previstos en los convenios, y que en consecuencia se puede reducir la ampliación de capital destinada a las entidades aseguradoras y a los acreedores en unos 30 millones de euros, sin perjudicar el proceso de reestructuración.
Para el G7, en cambio, no hay otro guión que el que marca el convenio de acreedores. "Seguimos con nuestro plan, que lo que asegura es viabilidad y futuro para Pescanova gracias a las aportaciones de dinero de la banca y la quita que aceptamos", advirtieron fuentes de una de las entidades financieras acreedoras. "Nosotros ponemos dinero y músculo financiero para asegurar el futuro de la empresa", coincidieron desde otra de las entidades.
