La expropiación de Repsol es el paradigma, salvando las distancias, de lo que está decidido a hacer el Gobierno argentino con las empresas españolas. En el caso de Vieira Argentina, los políticos no han dado otra opción y fueron a cortar por lo sano: la expropiación de una empresa en dificultades.
El 16 de abril, el Gobierno argentino culminó la expropiación de la mayor de Repsol-YPF, la mayor compañía de Argentina. La presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, invitó a la Casa Rosada a los gobernadores y empresarios afines para anunciar que el Estado declaraba de utilidad pública y sujeto a la expropiación el 51% de las acciones pertenecientes a Repsol-YPF. De ese porcentaje, el 51% iría a manos del Gobierno Nacional y el otro pasaría al control de las diez provincias productoras de hidrocarburos.
Repsol presentó un mes después ante un tribunal de Nueva York y otros estamentos judiciales internacionales demandas contra del Gobierno de Argentina por la expropiación de YPF.
Ahora solo queda saber qué decidirán estos tribunales y de qué manera pueden amortiguar la amenaza de expropiación de Vieira y de otras empresas españolas.
