El titular del Mercantil número 1 de Pontevedra, José María Blanco Saralegui, decidirá el 15 de octubre si embarga cautelarmente diversos bienes de Horacio Gómez y los directivos que formaban parte de su consejo en 2002: Alfredo Rodríguez, Fernando Mosquera, Roberto Prieto, José García Costas y Ricardo Barros, el único que aún sigue como consejero con Carlos Mouriño. Se lo ha solicitado al juez la Agencia Tributaria, que ha demandado a los dirigentes y les reclama 16 millones de euros.
La cantidad, concretamente 16.084.569 euros, corresponde a las deudas que el club tenía con la Agencia Tributaria (por actas y liquidaciones de IVA) que en el proceso concursal se consignaron como ordinarias y subordinadas. La Agencia, para poder reclamarlas, se abstuvo en la votación del convenio. Por contra, alcanzó un acuerdo singular con el Celta sobre la deuda privilegiada.
Los abogados de la Agencia presentaron primero una demanda en el Mercantil de Vigo. Pretendían deslindar su reclamación del proceso en el que ha de decidirse si Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez son culpables de la entrada en concurso del club. Pero el juez los remitió al Mercantil número 1 de Pontevedra, donde ambos casos se hallan actualmente.
La Agencia, a la espera de que se fije un día para el juicio de su demanda, ha pedido que se embarguen de forma provisional los bienes de los directivos. La idea es bloquearlos para evitar que alguno pueda maniobrar a fin de declararse insolvente. El juez estudiará la posibilidad el día 15. Los bienes que se detallan para el embargo cautelar son de Horacio Gómez, Alfredo Rodríguez, Roberto Prieto,_Fernando Mosquera, José García Costas y Ricardo Barros. A cada uno se les quieren embargar diferentes partes de su patrimonio: bienes inmuebles (urbanos de uso residencial, solares y rústicos), cuentas bancarias, planes de pensiones, vehículos, salarios o participaciones directas en entidades. Subsidiariamente, la Agencia pide que se adopte ese embargo cautelar con Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez si el juez cree que los demás consejeros no deben verse afectados.
La Agencia Tributaria, en su relamación, se apoya constantemente en el informe concursal que realizaron los administradores y en el que se considera que el Celta entró en causa de disolución en 2002, sin que el consejo actuase como debía. De hecho, solicitan la presencia en el juicio de José González y Francisco Prada, los administradores que votaron a favor de la culpabilidad de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez en el informe (no citan a Pérez Bouzada, que votó por su inocencia).
Lo que suceda con la demanda presentada por la Agencia Tributaria seguramente dependerá del otro incidente concursal, aunque la Agencia Tributaria sostiene que la declaración de responsabilidad de los que gestionaban el club no exige la concurrencia de su culpbilidad.
Un mes intenso en el frente judicial
Octubre será un mes intenso en el frente judicial para el entorno céltico, especialmente para los miembros del anterior consejo de administración. Del 19 al 22, en cuatro sesiones consecutivas, se celebrará la vista oral en la que ha de dilucidarse si Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez son culpables del proceso concursal al que se sometió el Celta.
El titular del Mercantil Número 1 de Pontevedra ha citado a Gómez, Rodríguez y José Manuel Patiño, el auditor al que la administración concursal calificó como cómplice. También interrogará a los tres administradores, a los ex consejeros Fernando Mosquera y Roberto Prieto, y a la actual directora financiera del club, María José Herbón. Posteriormente desfilarán por el juzgado todos los peritos y testigos propuestos por los abogados defensores (entre ellos, y a petición de Alfredo Rodríguez, acudirá el secretario general de la Liga Profesional, Carlos del Campo).
El juez, tras escuchar a todas las partes, se tomará el tiempo que considere conviente para emitir una sentencia. José María Blanco Saralegui puede determinar la inocencia de los acusados y cerrar el proceso. O su culpabilidad, en cuyo caso puede adoptar diversas sanciones: inhabilitarlos para administrar bienes ajenos, como pedía la administración, o incluso que respondan con su patrimonio de las deudas, que es lo que solicita el fiscal Augusto Santaló.
