Ley de inteligencia artificial
Documentos filtrados desvelan que la Unión Europea podría permitir el reconocimiento facial
La presidencia española del Consejo de la UE abrió la puerta a excepciones para que policía y ejército puedan usar esta controvertida tecnología para prevenir amenazas como terrorismo, asesinato o violación
Carles Planas Bou
El pasado 8 de diciembre, la Unión Europea (UE) logró sellar la primera regulación integral de la inteligencia artificial (IA). El acuerdo político fue descrito por los negociadores como un hito "histórico", pero organizaciones de la sociedad civil advirtieron entonces que había muchos e importantes flecos técnicos por pulir. Y el demonio está en los detalles.
Un mes después, y con la ley aún sin cerrar, el semanario 'Politico' ha accedido a un documento interno que permitiría un uso "irresponsable y desproporcionado" de tecnología de identificación biométrica como el reconocimiento facial. La eurodiputada alemana Svenja Hahn ha denunciado que esa laguna —que no aparecía en el acuerdo original— supone un "ataque a los derechos civiles (...) como solo conocemos de estados autoritarios como China".
El texto jurídico redactado el 22 de diciembre por la presidencia española del Consejo de la UE estableció la prohibición de esos sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real. Sin embargo, abrió la puerta a excepciones para que policía y ejército puedan usar esta controvertida tecnología —mediante autorización legal— para prevenir amenazas como terrorismo, asesinato o violación.
Según ha explicado Hahn, los retoques de última hora de la regulación europea permitirán a las fuerzas del orden utilizar esa peligrosa tecnología "en grabaciones de vídeo (preexistentes) sin la aprobación de un juez, yendo más allá de lo acordado por las tres instituciones de la UE".
Presión policial
El documento filtrado, al que El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, ha tenido acceso, apunta a que sólo se necesitaría el visto bueno de una autoridad administrativa. Eso agilizaría el uso de sistemas de identificación mediante el rastreo de datos biométricos, aquellos patrones físicos únicos en cada persona, como su huella dactilar, su iris o sus rasgos faciales.
"Hemos oído que el cambio fue fuertemente presionado por representantes de las fuerzas del orden, especialmente de Francia", explica Ella Jakubowska, asesora senior de políticas de la plataforma European Digital Rights. "Al parecer, los gobiernos de los Estados miembros de la UE argumentaron que el acuerdo sobre reconocimiento facial retrospectivo habría sido aún más restrictivo que el acuerdo sobre el reconocimiento facial en tiempo real y les impediría realizar su trabajo policial cotidiano, por lo que no podían aceptarlo".
"No tiene cabida en democracia"
Los negociadores europeos llevan semanas redactando la letra pequeña de la nueva y celebrada normativa. Este viernes, los representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los Estados miembro se reunirán de nuevo para debatir qué obligaciones se imponen a los sistemas de IA considerados de "alto riesgo", como el reconocimiento facial. Aunque la Eurocámara pidió su prohibición total, los Gobiernos de los 27 lograron rebajar sus exigencias.
"Las prácticas biométricas de vigilancia masiva son propensas a errores y arriesgadas por su diseño, y no tienen cabida en una sociedad democrática", ha reiterado el movimiento civil ReclaimYourFace, que denuncia un debilitamiento de las protecciones a la privacidad.
En septiembre del año pasado, más de un centenar de organizaciones europeas denunciaron que el uso de IA para controlar la inmigración en las fronteras de la UE "se dirige de forma desproporcionada a comunidades ya marginadas, socava los derechos legales y procesales y permite la vigilancia masiva".
Está previsto que los gobiernos de la UE reciban el texto final de la ley de la IA el próximo miércoles 24 de enero con el propósito de aprobarla el 2 de febrero. Aun así, el acuerdo deberá pasar por el Parlamento para ser ratificado y ahí los legisladores tienen una última oportunidad para presentar enmiendas.
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