El impacto de esos cambios, según Greenpeace, se ha sentido tanto en las políticas internas -cita como ejemplo la paralización de procesos casi cerrados como el de la demolición de El Algarrobico (Almería)- como en las posiciones negociadoras de España en la Unión Europea y en foros internacionales.

El director de la organización en España, Juan López de Uralde, ha demandado al presidente del Gobierno "un giro de 180 grados en su política" para que el medio ambiente recupere un papel central en su acción de gobierno.

Greenpeace espera que durante 2009 se recupere el terreno perdido y se afronte "con valentía política" el principal reto ambiental del próximo año, en referencia a la Cumbre sobre cambio climático de Copenhague, donde se definirá el protocolo que sustituye al de Kioto después de 2012.

Según Greenpeace, se trata de un momento "histórico" en el que habrá que apostar por reducciones más ambiciosas que las aprobadas en la cumbre de Poznan (Polonia) de este año y que no deberán ser inferiores al 30 por ciento en 2020.

Sobre este asunto, Greenpeace ha observado que España continúa siendo el país que más se aleja de Kioto y ha criticado además que el Gobierno español ha sido "uno de los que más ha presionado para debilitar algunos contenidos fundamentales del paquete energético europeo y de la Directiva de reducción de emisiones de los vehículos".

En materia nuclear, la organización ha lamentado que no se haya ratificado el compromiso de cerrar la central de Garoña en 2009, que no se haya concretado un plan de cierre de las centrales nucleares y la falta de transparencia que a su juicio existió en la gestión de los escapes radiactivos en el entorno de la nuclear Ascó-1.

Sobre las energías renovables, Greenpeace ha subrayado que en la negociación europea sobre la Directiva de Renovables, España ha sido uno de los principales impulsores del logro del acuerdo europeo de llegar a un 20 por ciento de renovables en 2020.

Sin embargo, según Greenpeace, y "paradójicamente", el Gobierno español está obstaculizando el desarrollo de las renovables en España, con un decreto que limita la cantidad de potencia solar fotovoltaica que se puede instalar cada año.