La decena de empresas del sur de Pontevedra afectadas en las últimas semanas por el conocido como fraude del CEO, en el que un falso proveedor se hace pasar por uno real tras robar sus datos y dar un número de cuenta corriente nuevo para los pagos, son sólo la punta del iceberg, al igual que los secuestor exprés de ordenadores. La Fiscalía de Galicia alerta de que la delincuencia informática tiene un crecimiento anual del 40%, pero solo se denuncian en torno al 10% de los delitos, que podría incluso ser solo el 2%, según se recoge en la memoria presentada recientemente correspondiente al ejercicio de 2017. Esto supone que el 90/98% de la ciberdelincuencia real forma parte de la "delincuencia oculta", es decir, realmente existente pero no denunciada por diversos motivos. En muchas ocasiones porque las empresas víctimas, t temen perjudicar su reputación corporativa o perder la confianza del mercado.
La lucha contra la cibercrimen se ha convertido en el principal desafío para las fuerzas de seguridad, y para jueces y fiscales. Y es que el creciente y exponencial impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, supone la irrupción de nuevas figuras delictivas con un gran impacto económico, de extraterritorialidad (se mueven a nivel global) y con altos índices de impunidad, lo que exige "una respuesta apropiada tanto preventiva como represiva".
Pese a la complejidad que representa el control de la ciberdelincuencia, la Fiscalía gallega considera que las fuerzas de seguridad están bien preparadas, tanto el grupo Telemático de la Guardia Civil como la brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, si bien cuentan "con escasa dotación de medios". A nivel europeo se trabaja con el Centro Europeo del Cibercrimen de Europol.
El uso de dispositivos o sistemas informáticos y telemáticos, TIC, inciden particularmente en delitos patrimoniales -como instrumento de comisión delictiva o como objeto material de actividad ilícita-, con una incidencia reseñable en delitos de odio, contra la libertad (injurias y calumnias), acoso contra menores y mujeres o estafas.
La última estadística de la Fiscalía revela una vez más que el delito informático más habitual es la estafa a través de TIC, con un 77,37% de los delitos asociados a los procedimientos iniciados. El ciberstalkin o acoso a través de las TIC, en concreto a menores de 16 años, tiene de momento poco peso en la estadística pero "mucha relevancia criminológica y social", así como el child grooming o preparación online de menores con fines sexuales, o el delito de pornografía relativo a menores o discapacitados.
La estadística de la actividad judicial en Galicia recoge 526 casos de cibercrimen el año pasado, entre procedimientos y sentencias, frente los 488 registrados el año anterior. La provincia de Ourense, con 189 asuntos es la provincia con mayor incidencia, seguida por A Coruña con 175 casos, Pontevedra con 109 y Lugo con 53.
En cuanto a sentencias condenatorias por delincuencia informática se dictaron 170 frente a 82 del ejercicio anterior. Así, 42 fueron por acoso (41 en Pontevedra), 43 por estafas, 21 por amenazas y coaccione, 13 por delitos contra la pornografía infantil, cinco por revelación de secretos, otra por daños informáticos, tres por falsificación y una por un delito contra un servicio de radiodifusión. En la provincia de Pontevedra (60), 41 en A Coruña, 22 en Ourense y 7 en Lugo. Además se sentaron en los banquillos de los acusados 240 imputados.
La Fiscalía no aporta datos del número de denuncias presentadas en Galicia a lo largo del año 2017, pero sí refiere que en 2016 el Ministerio del Interior en su informe de cibercriminalidad fijó en 4.561 los hechos denunciados en la comunidad, lo que supone el 6,85% del total nacional.
