La Audiencia Nacional condena al arousano Marcial Dorado Baúlde a seis años y un día de cárcel y a pagar una multa de 21,5 millones de euros al considerar probado que lideró una organización dedicada a blanquear dinero obtenido con el narcotráfico. Los magistrados sostienen que lo hizo a través de una compleja maraña de empresas que se transferían o prestaban dinero entre sí y que hacían posteriormente aflorar las divisas mediante la compra de inmuebles o la creación de negocios legales.

En la sentencia, que se dictó el 6 de febrero y que se dio a conocer ayer, se establece asimismo el comiso y cesión al Estado de unas 200 propiedades y bienes de Dorado o de los demás condenados, así como de unos dos millones de euros que estaban depositados en las casi 20 cuentas que los procesados tenían en bancos de España, Portugal, Suiza y las Bahamas.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentra el suntuoso chalé de A Illa en el que residía Marcial Dorado, y que está valorado en unos 3,5 millones de euros, según la sentencia. Pero también figuran más de 130 fincas rústicas repartidas por varios puntos de España, una docena de locales comerciales, dos aparcamientos subterráneos, dos barcos de recreo, media docena de coches de gama alta, seis viviendas, unos 20 terrenos urbanizables y tres concesiones administrativas para gestionar las gasolineras de los puertos de A Illa, Cambados y O Grove.

Las fincas e inmuebles comisados están en localidades gallegas como Vilagarcía de Arousa, A Illa, Caldas de Reis, Baiona o Santiago de Compostela; en las provincias de Ávila, Málaga y Madrid; y hasta en Portugal. En este sentido, la resolución establece también el embargo de las extensas fincas donde se encuentran las quintas de O Feital y O Dorado. En total, y según los valores de mercado que figuran en la sentencia, el valor del patrimonio intervenido asciende a unos 23 millones de euros, contando el dinero de los bancos. Esta cifra se corresponde, a grandes trazos, con la estimación que hizo la fiscal Cristina Toro de lo que habría blanqueado la organización, y que cifró en 21 millones.

La gran parte de estos bienes intervenidos están a nombre de Marcial Dorado, de familiares directos suyos o de sociedades en las que estos aparecen como administradores o socios. En el caso de las cuentas, varias de ellas figuran a nombre de otros condenados, como el exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala, que según la sentencia fue en su día el hombre de confianza de Dorado, pero que durante el juicio aceptó punto por punto el escrito de acusación del fiscal, asumiendo su culpabilidad y afirmando que actuó en todo momento bajo las órdenes del arousano y que el dinero procedía del tráfico de cocaína. Una confesión que le ha valido una considerable reducción de las penas que pedía para él el fiscal. De hecho, no tendrá que entrar en la cárcel por blanqueo.

El histórico contrabandista de A Illa de Arousa está actualmente en la cárcel, cumpliendo una condena de 10 años por haber vendido un barco a la organización de narcotraficantes que dirigía el cambadés Roberto Leiro. La fiscal del caso de blanqueo pedía inicialmente para Marcial Dorado una pena de 15 años de prisión y 42 millones de euros de multa, pues le acusaba también de un delito contra la Hacienda Pública y de otro de revelación de secretos.

El arousano resultó absuelto de estos dos últimos, pero en el caso del de blanqueo el tribunal le ha impuesto la pena máxima que contempla la ley, al aplicársele el agravante de jefatura y no tenérsele en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, habida cuenta de que desde la apertura del procedimiento y hasta la celebración del juicio pasaron más de ocho años.

La sentencia también es adversa para una de las hijas del arousano, María Dorado Fariña, y para la actual compañera sentimental del excontrabandista, Otilia Ramos Dios. Ambas son consideradas autoras de un delito de blanqueo de capitales como integrantes de la organización, y se les imponen tres años, dos meses y un día de cárcel, y sendas multas de 21,5 millones de euros.

Quienes sí han salido absueltos son la exmujer de Dorado, María Fariña Suárez, que fue juzgada al considerar la fiscal que se había lucrado con los negocios de su exmarido; así como los otros dos hijos que tuvieron Dorado y María Fariña, Marcial y Lidia.

También salieron absueltos, entre otros, la abogada Rosa María Stampa Rodríguez o el funcionario de Aduanas Eugenio Fontenla Vázquez. Mientras, en la relación de condenados figuran también el abogado asentado en Madrid Félix Pancorbo Neguerela, o Eduardo Macho Pedrosa y José Miguel Trías Rovira, contables y asesores de empresas que figuraron como administradores o representantes de varias de las empresas con las que se llevó a cabo el blanqueo, según los magistrados. Ha sido condenada igualmente Sara Sánchez Rodríguesz, esposa de Zabala y que al igual que éste estuvo a las órdenes de Dorado. Sara Sánchez también aceptó la propuesta de la fiscal, por lo que su pena por blanqueo es, al igual que la de Zabala, de año y medio de prisión.

El histórico contrabandista arousano, de 64 años, sufre así un fuerte revés judicial , ya que de no prosperar los recursos de su defensa podría verse privado de libertad hasta como poco finales de la presente década. Su abogado, Manuel Tuero, mostró ayer su disconformidad con la sentencia y anunció que presentará en unos días un recurso de casación ante el Tribunal Superior. Dorado defendió su inocencia durante el juicio, alegando que había hecho su fortuna con la venta de tabaco (tanto como contrabandista, cuando esta actividad no era delito, como en calidad de comisionista de la multinacional Reynolds) y con los negocios legales, negando su vinculación con el narcotráfico.

Pero el tribunal de la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional considera probado que Marcial Dorado urdió desde finales de los años noventa y hasta mediados de los 2000 una red de sociedades y empresas que se prestaban dinero o se hacían transferencias entre sí para posteriormente reinvertirlo en la adquisición de bienes inmuebles o en la apertura de negocios legales, con los que, según la resolución judicial, se pretendía ocultar el origen de las divisas, que el tribunal sitúa sin margen de duda en el tráfico de drogas.