La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene ante sí el primer caso que se da en Pontevedra, al menos que conozcan sus magistrados, de un presunto narcotraficante que apela a la reciente reforma de la ley de la justicia universal para solicitar el sobreseimiento del procedimiento que se sigue en su contra y quedar libre. La reforma de la ley, que recorta la aplicación del principio de justicia universal, ya provocó la excarcelación de decenas de supuestos narcotraficantes por parte de la Audiencia Nacional.
Se trata de uno de los tres encausados, dos vecinos de Vigo y un colombiano afincado en Madrid, que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados y que, según el fiscal, intentaron introducir al menos dos alijos de cocaína procedentes de Sudamérica, uno a través del puerto de Marín que fue interceptado en Ecuador y otro a través del puerto de Lisboa. En esta segunda ocasión la droga viajaba camuflada en latas de piña.
Los vigueses Severo Garrido Méndez y Alberto Cabezas Rubio; y el colombiano Antonio Cruz Vásquez Salazar se enfrentan a una petición de pena de 11 años de prisión cada uno.
En el turno de cuestiones previas, las defensas de los acusados, en una estrategia que es bastante habitual en los juicios por narcotráfico, solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas interceptadas y el abogado defensor del ciudadano colombiano detenido en Madrid pidió el sobreseimiento del caso por reunir los requisitos de la ley 1/2014 de reforma de la justicia universal de tal forma que cuestionó la competencia de la Audiencia Provincial (y de cualquier tribunal español) para juzgar el caso. Su defendido es el único que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos. El juicio fue suspendido hasta que se resuelva esta cuestión y antes de abordar cualquier otra alegación de las defensas.
El fiscal Jesús Calles no cree que la cuestión planteada por la Defensa de uno de los acusados prospere.
