El Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo coordinó una operación en la que fueron detenidas un total de 12 personas e imputadas otras 20 acusadas de crear contratos falsos de trabajo para así regularizar la situación de varios inmigrantes ilegales en España. Las detenciones, llevadas a cabo por agentes del Grupo UCRIF de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo, tuvieron lugar en la ciudad olívica, Pontevedra, Marín, Santiago y Ourense.
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando se descubre que una asesoría legal de Santiago estaba tratando de documentar a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, así como a residentes en el extranjero, sin que se cumpliesen los requisitos legales establecidos. Tras una ardua labor policial, los investigadores comprobaron que se encontraban ante un grupo u organización criminal que emitía contratos de trabajo ficticios a nombre de ciudadanos extranjeros que residían en España de forma irregular, o que, residiendo en sus países de origen, pretendían solicitar autorizaciones de Residencia y Trabajo en España.
Para ello utilizaban un entramado de empresas con las que pretendían dificultar las labores de comprobación e inspección, tanto de la Inspección de Trabajo, como de la Seguridad Social y de la Policía.
De este modo, la organización facilitaba contratos ficticios en los que no solían aportar la ubicación del centro de trabajo, además de utilizar a empresas que, o bien eran insolventes, o no se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales ni de sus pagos con la Seguridad Social. De esta forma, los agentes comprobaron que además los empresarios incurrían en un delito de estafa continuada, ya que no efectuaban los pagos de las tasas de las solicitudes, requisito indispensable para tramitarlas.
Tras reunir la documentación y las pruebas necesarias, los cabecillas fueron arrestados. Se trata de 12 personas (10 hombres y 2 mujeres), de los cuales cinco son españoles, dos dominicanos, un senegalés, un ghanés, un nigeriano, un marroquí y otro de Bangladesh. Están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y otro de pertenencia a grupo criminal. Además a siete de ellos se les acusó de falsedad documental, así como por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según explica la Policía Nacional, uno de los casos más llamativos con los que se encontraron en el transcurso de la investigación fue el de un ciudadano subsahariano, que indicó que pagaba a la organización casi 300 euros mensuales que le reclamaban en concepto de cotización a la Seguridad Social, para de este modo acreditar de alguna forma su situación de cotizante al desempeñar una actividad laboral en España. Sin embargo, llama especialmente la atención que este pago le fue exigido incluso durante un periodo de tres meses en que no debería estar dado de alta por encontrarse de viaje en su país de origen.
