Un dentista colombiano juzgado en la Audiencia de Pontevedra con el grupo que introdujo 350 kilos de cocaína mediante un gancho ciego por el Puerto de Marín en 2008, delató ayer a sus compañeros de banquillo, tras haber llegado a un pacto con la Fiscalía. Fue el último en declarar y desbarató las estrategias de defensa de los otros dos procesados, ya que el fiscal retiró la acusación contra la única mujer imputada.

Los acusados son José Luis Orbáiz Quintáns, un arousano asentado en Vigo que ya fue condenado a 3 años por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas, junto a su padre el exguardia civil fallecido José Luis Orbáiz Picos, socio del clan Charlín; y los colombianos Luis Fernando Cuesta Pérez, Miguel Ángel Torres Romero y Gloria María H. H.

Luis Fernando Cuesta, de profesión dentista, admitió su participación en los hechos e involucró a Orbáiz y Torres en la organización de un transporte de cocaína en un contenedor desde algún país suramericano hasta Galicia, para ser desembarcado en los puertos de Vigo o Marín. Extremo que los demás acusados negaron tajantemente.

Según el dentista, en julio de 2008, fue informado por sus contactos en Sudamérica de que la droga iba a ser cargada en el buque Amanda, sin que la compañía que transportaba la carga legal, supiese de la misma, y que iba a realizar su ruta hasta el Puerto de Marín y que alertó a los otros.

Las defensas de los demás encausados protestaron por esta declaración, concretamente el abogado Gustavo Larraz, quien preguntó al dentista si había recibido de la Fiscalía alguna oferta de reducción penitenciaria, a lo que el aludido respondió que "sí", mientras que el fiscal, Pablo Varela, negaba con la cabeza. El magistrado Antonio Berengua interrumpió la vista durante 15 minutos "para que se aclaren las partes".

Retomado el juicio y tras la confesión del dentista, el fiscal rebajó su petición de penas para Luis Fernando Cuesta Pérez de 8 a 5 años de cárcel por colaborar con la Justicia. Mantuvo para José Luis Orbáiz y Miguel Ángel Torres una condena de 9 años para cada uno y 40 millones de euros de multa. El gallego y el colombiano reconocieron que habían mantenido contactos, pero para el posible alquiler de un piso por parte del arousano en Madrid, ciudad a la que debía viajar con frecuencia debido a la grave enfermedad que padecía su padre, quien estaba en prisión. Torres explicó que trabajaba en una inmobiliaria en Madrid, pero al fiscal Pablo Varela le extrañó que el colombiano se desplazase desde Madrid hasta Puebla de Sanabria solo para tratar con Orbáiz la formalización de un simple alquiler.

Con todo, su versión se tambaleó cuando llegó el turno del interrogatorio del odontólogo. Ángel Torres había asegurado al tribunal que los constantes contactos con el dentista eran para contratar un tratamiento odontológico para su pareja sentimental (contra quien se retiró la acusación).

El dentista, sin embargo, reconoció que tanto él como Torres y Orbáiz mantenían contactos para tratar de introducir droga desde Sudamérica a través de los puertos de Vigo o Marín. Explicó que él disponía del contacto en Bogotá para suministrar la "mercancía" mientras que Orbáiz tendría los contactos suficientes para sacarla de forma segura del recinto portuario. Torres sería la conexión entre ambos. Así lo manifestaron también los agentes del SVA.