Recusaciones de magistrados y denuncias por una instrucción que las defensas de los imputados consideran irregular se suceden en los tribunales argentinos acompañados de informaciones en los medios de comunicación, para frenar el inicio del juicio contra una de las más activas redes colombianas de tráfico de cocaína a gran escala entre Sudamérica y España, que usaba el puerto de Vigo como una de las principales vías de entrada de contenedores con droga. La vista, fijada para mañana en el tribunal federal de Buenos Aires, sentará en el banquillo al empresario pontevedrés Valentín Temes Coto, presunto cabecilla de la rama asentada en el país austral; a su secretario Claudio Maridana; a Nelson Hinricksen, responsable del frigorífico de Allen en la Patagonia donde supuestamente se cargó la droga en contenedores y que acusa al pontevedrés; y a tres empleados de la Aduana imputados por presunto encubrimiento.

La operación "Manzanas Blancas", desarrollada por el Greco Galicia contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales de la macroorganización, se cerró en 2010 con 65 detenidos en España y Argentina (23 gallegos). También con la incautación de dos contenedores en Argentina y Brasil con 3,6 toneladas de cocaína entre manzanas exportadas a España por la familia Temes, 65 vehículos de lujo y 5,5 millones de euros. El grueso de la red será juzgada en la Audiencia Nacional en España, donde cayeron los presuntos capos sudamericanos –caso del mexicano Nicolás Rivera que arrastró a su abogado, el mediático Marcos García Montes– y la infraestructura empresarial para el transporte y la distribución que prestaría un grupo de gallegos, entre ellos el mosense David Temes, primo del supuesto responsable de la red en Argentina.

Temes Coto, que se entregó en Argentina tras meses de fuga y sigue en prisión provisional, defiende su inocencia. Niega tener conocimiento de la cocaína que se introdujo entre la mercancía legal de frutas que enviaba a España y sostiene que los verdaderos responsables del contrabando no han sido interrogados en una operación que ve irregular.

El exjuez Mariano Bergé que lleva la defensa del pontevedrés en Argentina pidió su libertad provisional varias veces. En el camino de la batalla judicial emprendida por la defensa fue destituido el responsable de la Policía argentina que dirigió la operación. También presentó su renuncia –oficialmente por motivos de edad– uno de los magistrados que debía juzgarle. La defensa alega que el centenar de testigos procedentes de España –entre ellos agentes del Greco Galicia– ni han sido citados para el juicio.