Visto para sentencia. El juicio contra la excuidadora acusada de administrar Trankimazin a bebés en una guardería de Vigo concluyó ayer tras cinco jornadas. En la última sesión, la de los informes finales, la fiscal rebajó de 14 a 12 los años de cárcel que pide para Noelia V.G. y de nueve a ocho los niños afectados por la sedación. El ministerio público considera que "no hay dudas" de que fue la joven quien dio el ansiolítico a los menores y ve una "prueba demoledora" que ella era la "única persona" de la escuela con "acceso" al fármaco, por su trastorno depresivo. "Los padres [de los lactantes] sufrieron probablemente el mayor susto de su vida", valoró. La acusada, que negó la autoría el primer día de juicio, renunció a su derecho a la última palabra: "No, no tengo nada más que añadir".
Tras la modificación de sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita 12 años de prisión por un delito contra la salud pública y otros cuatro de lesiones, estos últimos por cada bebe hospitalizado. En la petición inicial eran cinco delitos de lesiones, pero eliminó uno que ahora califica como falta –pide 900 euros de multa– por ser un menor que no precisó de ingreso. Además de cárcel, pide la inhabilitación por igual tiempo para trabajar con niños y otra multa de 300 euros. En concepto de indemnizaciones, plantea en total 7.500 euros con la responsabilidad civil subsidiaria de la guardería y la solidaria de una aseguradora.
La fiscal concluye que "al menos" ocho lactantes –y no nueve al dar negativo un niño en las pruebas de orina y cabello– fueron intoxicados con Trankimazin: el "nexo común" era el aula de bebés de la guardería. La acusación pública resaltó que esta escuela infantil llevaba 22 años funcionando sin que se produjeran "situaciones similares" hasta que empezó a trabajar Noelia el 22 de febrero de 2010, día en el que, remarcó, una niña ya presentó "síntomas" coincidentes con los de la intoxicación. Y tras su despido, al descubrirse las sedaciones el 12 de marzo, "no volvió" a haber estos problemas en la guardería.
Historial
Las pruebas también apuntan a ella, razonó, porque todos los niños excepto uno, al que sí cuidaba a la hora de comer, eran de su aula. Y considera "demoledor" que "el historial farmacológico" arrojase que era la "única persona" de la guardería con acceso al Trankimazin. También resaltó las "contradicciones" de la acusada, que ante la Policía negó consumir el fármaco. Noelia alegó que mintió para que no la tomasen "por loca" y afectase a su trabajo; la Fiscalía dice que lo hizo para no reconocer que tenía el medicamento. También resaltó sus "cambios de versión" sobre el número de pastillas que consumía. En su casa faltaban "diez pastillas" –y las había partidas– que la fiscal no se cree que las tomase ella, como la acusada insistió en el juicio. "Estaban en el organismo de los bebés", opinó.
El hecho de que fuesen bebés y ella su cuidadora "merece mayor reproche penal". Y aprecia "dolo": "Se la veía desbordada para calmarles, para que dejasen de llorar..." Recordó que dar Trankimazin a niños podría haber tenido "consecuencias fatales", incluso la muerte: "Quiso administrárselo y asumió las consecuencias". Los padres deben ser indemnizados porque, pese a no tener secuelas sus hijos, pasaron "el mayor susto de su vida".
Y la guardería, concluyó la fiscal, debe responder como responsable civil subsidiaria porque no adoptó "las diligencias adecuadas" al contrastar el currículum de la acusada y llamando sólo al último centro donde había estado, recordando que, iniciada la investigación, "la Policía con simples llamadas supo de problemas" en otras escuelas. "Si las llamadas se hubiesen hecho antes, a lo mejor esto se hubiese evitado", aseveró. También recordó que el aula donde trabajaba la acusada no tenía autorización de la Xunta y no se remitieron los certificados médicos de la acusada.
Las tres acusaciones particulares, además de prisión, piden indemnizaciones de entre 10.000 y 15.000 euros para los padres que representan por la "angustia " vivida. Ven "repulsivo" el presunto proceder de la acusada: "Como no es capaz de cuidarlos, los seda".
"Se intenta ensombrecer el buen hacer de la escuela; era imposible prever lo que ocurrió"
"Lo ocurrido era imposible de prever". El abogado de la guardería A Camelia de Navia rechazó que este centro deba responder como responsable civil subsidiario, como piden fiscal y acusaciones privadas, porque actuó con "celo, diligencia y cuidado". "Si una cuidadora hace mal alguna de las tareas encomendadas, sí debe responder, pero lo que hizo esta mujer [la acusada] no tiene nada que ver, era imposible preverlo; es algo ajeno, disparatado y fuera de la normalidad, inimaginable", resumió.
El letrado replicó que la dirección de la guardería no fue "descuidada" a la hora de contratar a Noelia. "Se la entrevista, se llama a la guardería anterior y tiene un curriculum estupendo", afirmó. Los forenses, añadió, dijeron que estaba "sana y apta para trabajar" pese a su trastorno ansioso depresivo. En respuesta a la fiscal, considera que era imposible enterarse de problemas anteriores llamando a todas las otras escuelas donde había trabajado: "Esas cosas se tapan y se taparon". Insistió en que la directora estaba pendiente de las aulas, donde "entraba constantemente": "No se le puede pedir más". Recordó que padres y directores de otros centros "hablaban bien" de la guardería.
"Asuntos como este hunden a una guardería; se redujo el personal y pasamos de 140 a 70 niños", resaltó. Sobre el aula de bebés sin licencia, dijo que era un simple tema burocrático. "Si hubiese habido infracción, habría sanción; no la hubo", argumentó, al tiempo que atribuyó a las acusaciones tratar de "ensombrecer el buen hacer de la guardería".
La defensa alega que se buscó una "cabeza de turco"
La defensa solicitó la absolución –de forma subsidiaria que se aplique el "error de prohibición"– y tildó de "dislate" los 12 años que la fiscal pide para su cliente, comparando esta solicitud por ejemplo, con la del homicidio, penado con entre 10 y 15 años. El letrado Fernando Rubianes invocó la presunción de inocencia de Noelia V.G., llegando a decir que se buscó "una cabeza de turco". También se centró en señalar que los hechos que se imputan a la joven no se ajustan a las características de los delitos contra la salud pública y lesiones de los que la acusan. A su juicio, en todo caso, serían faltas de malos tratos, penadas con multa.
"Pido a la sala estricto rigor jurídico porque no nos pueden distraer otras cosas; no demos pábulo al morbo, una cosa es el reproche moral o social y otra distinta el penal", dijo. "Aquí no se va a juzgar lo que pudo haber pasado, sino lo que pasó; claro que los niños se podían morir, pero también de una ingesta de Paracetamol o con una hamburguesa, por la especial vulnerabilidad de los bebés" , añadió.
A juicio del abogado, no hay delito contra la salud pública al dar Trankimazin –la acusación sí considera que reúne los requisitos del tipo– porque no hubo peligro de "difusión" ni de que se generase "adicción" en los bebés. Ve un "dislate" que se invoquen los mismos preceptos del Código Penal que, por ejemplo, para el narcosubmarino de la ría de Vigo. Tampoco ve delito de lesiones al estimar que "no hubo tratamiento médico" a los bebés, sino "observación y vigilancia". La fiscal sin embargo dijo que la hospitalización fue más allá de una "simple observación" y recordó que podía haber "complicaciones".
Para el letrado, contra su cliente hay "conjeturas": "No hay suficientes indicios probatorios". Dijo que los niños estaban con varias cuidadoras, que la gente busca "cabezas de turco" para tener mayor seguridad y que solo por ser la última en llegar a la guardería ya fue despedida. "El único dato es que el Trankimazin está en su casa; y ese fármaco a nivel ansiolítico es como una aspirina", valoró, para concluir que la prueba del cabello es "inquietante" porque los niños ya "podrían estar intoxicados" antes de llegar Noelia.
