Noelia V.G., la acusada de sedar a nueve bebés en la guardería de Vigo donde trabajaba, estaba a tratamiento psiquiátrico desde 2006, situación en la que seguía cuando fue contratada en la escuela infantil en 2010 y sucedieron los hechos por los que ahora se sienta en el banquillo. Así lo confirmó ayer en el juicio su médica de cabecera, que reveló que la joven sufría un trastorno de tipo ansioso depresivo y que era objeto de seguimiento por parte de varios psiquiatras. "Llevaba años tomando esa medicación", declaró la doctora sobre el Trankimazin, uno de los fármacos que le recetaban y que fue el que se detectó en los menores.
Los testimonios escuchados en la vista revelan que la acusada sufrió problemas sentimentales y de salud. La joven acudía al centro de salud de Beiramar y su médica confirmó que desde 2006 seguía tratamiento psiquiátrico. Durante este período estuvo en varias guarderías, la última la escuela infantil A Camelia, donde empezó a trabajar el 22 de febrero de 2010. Las sedaciones se descubrieron el 12 de marzo. La sanitaria explicó que además del Trankimazin, indicado para crisis agudas, también le recetó alguna vez Alapryl.
La facultativa señaló que aunque ella estaba de baja en febrero de 2010, la paciente tenía reservadas, vía receta electrónica, cajas de Trankimazin, de las que retiró 3 en la farmacia el 6 de marzo de 2010, días antes de descubrirse las sedaciones. Tras el registro en su casa, se vio que faltaban diez pastillas. La acusada alegó en el juicio que "las tomó" ella.
Ayer también declararon médicas que asistieron a los bebés afectados en Urgencias del Hospital Xeral. Una de ellas, la que atendió el 12 de marzo al primer niño que ingresó, el más grave. "Llegó muy dormido y poco reactivo, con palidez cutánea y no se mantenía erguido; estaba mal aunque no para que se produjese una muerte inminente", dijo la facultativa. No desconfiaron de una intoxicación y se le hicieron antes pruebas como un TAC cerebral o una punción lumbar para descartar otros procesos más graves, como una asepsis. Finalmente, la prueba de tóxicos descubrió la presencia de benzodiacepina.
Los otros menores que llegaron después estaban "menos afectados" y al haber ya un precedente, se hizo un diagnóstico más preciso y rápido. Tenían síntomas similares y de "distinta intensidad", algo que depende de la constitución física de los bebés y de la "cantidad" de fármaco que se le administre.
La médico que atendió el 13 de marzo a varios niños contó que los padres llegaron advertidos por la Policía tras los primeros casos. Algunos progenitores estaban "asustados". La defensa insistió en si los ingresos de estos niños tuvieron carácter "preventivo" y la doctora señaló que también eran necesarios para seguir su evolución y comprobar que eliminaban el tóxico. Esta facultativa había atendido el 22 de febrero €el día que la acusada empezó en la guadería€ a una de las niñas, pero entonces no se asoció a una intoxicación y no se hicieron análisis.
El aula de bebés donde trabajaba la acusada carecía de licencia
Una inspectora de la Xunta explica que tampoco "constaba" el certificado sobre la salud física y psíquica de la imputada, que cuando realizaron la inspección en la escuela ya había sido despedida
El aula de bebés de la guardería donde trabajaba la acusada carecía de autorización administrativa. Así lo desveló una de las funcionarias de la Xunta que fue a realizar una inspección a la escuela infantil el 15 de marzo, tres días después de descubrirse las intoxicaciones. La inspectora señaló que "no les constaba" la solicitud de apertura de este aula €la guardería alega que sí la cursó€, ni tampoco el preceptivo certificado sobre la salud física y mental de la imputada, ya que cuando se hizo la inspección ya había sido despedida.
La guardería tenía un aula de bebés de 0 a 1 año y contrató a la acusada para atender una nueva para menores de esa edad "desdoblada" y separada por una cristalera, con 7 niños. "No estaba autorizada administrativamente", dijo la inspectora, que explicó que el proceso para dar licencia consiste en que la escuela debe cursar la solicitud para hacerse una inspección antes de autorizarla. Esto conlleva también la aportación de un informe con datos de la cuidadora, entre ellos que no sufra enfermedad infecto contagiosas o psíquicas. Al no tener autorización el aula nueva, se consideraron las dos desdobladas una sola y excedía el ratio de niños. Hubo propuesta de sanción.
Ayer por la tarde la Xunta remitió un comunicado señalando que en inspecciones anteriores a la guardería, antes de ocurrir los hechos, el aula no estaba en funcionamiento, por lo que no se tenía "registrada esta irregularidad". Concretó que se puso en marcha "dos meses" antes de las intoxicaciones y que, al detectarse el problema, se requirió a la guardería para que regularizara el aula, añadiendo que la escuela decidió cerrarla y "nunca se volvió a abrir". La Xunta dice que no consta "ninguna solicitud previa de autorización" por parte de la escuela infantil.
